Izquierda Unida exige pruebas jurídicas antes del Pleno para decidir el sentido último de su voto

IU pedirá esta semana la convocatoria de una diputación permanente para que el Gobierno dé cuenta a los grupos, antes del pleno extraordinario del día 26, de los informes jurídicos que posee y que demuestran que Batasuna debe ser ilegalizada, de forma que éstos puedan decidir su voto. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que hizo este anuncio en rueda de prensa en la sede de la formación, afirmó que ya está en contacto con el grupo mixto para conseguir el necesario apoyo de otro grupo para la convocatoria de una diputación permanente. Este órgano de decisión parlamentaria en periodos vacacionales instaría al Ministro de Justicia, Jose María Michavila, a informar en comisión extraordinaria de los argumentos jurídicos que posee el Gobierno «y quizá el PSOE» para pedir la ilegalización de Batasuna de acuerdo con la Ley de Partidos, dijo Llamazares. En cuanto a la diputación permanente que se celebró en el Congreso para la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo día 26, Llamazares insistió en que IU se abstendrá «no en una posición equidistante», sino como una forma de mostrar tanto su rechazo a Batasuna como su desacuerdo con que el Congreso pueda promover la ilegalización y con que ésta vaya a ser beneficiosa en la lucha contra ETA. Informes jurídicos El coordinador general de IU explicó que si el Gobierno remite los informes jurídicos que obran en su poder, y que le han solicitado en repetidas ocasiones, la dirección de la federación tendrá unos datos fundamentales para decidir su voto en la reunión que celebrará el jueves. En cualquier caso, aseguró que «hoy por hoy» la posición que cuenta con más fuerza en IU es la de la abstención, aunque reconoció que existen corrientes dentro de la formación que son favorables al rechazo del proceso. Para Llamazares, si se ha dotado al Parlamento del papel de «juez instructor» y al TS del de «sentenciador», los partidos que lo componen deben contar con pruebas de las que aún carecen, para que no provoquen un «varapalo jurídico» en el TC y el de Estrasburgo, para evitar después males mayores.