Garzón suspenderá las actividades de Batasuna por su integración en ETA

Por este motivo, Garzón concede a la Fiscalía tres días de plazo para que emita su informe acerca de la conveniencia o no de despojar a HB-EH-Batasuna de su capacidad para actuar como partido político. Y cita a los representantes legales de estas formaciones para que comparezcan en la Audiencia Nacional el viernes 23 de agosto a las diez de la mañana, con el objeto de escuchar las alegaciones que crean oportuno interponer antes de ejecutar su decisión. El juez reserva un párrafo de su auto para advertir a los abogados de Batasuna que, si optan por no comparecer ante él, dará por evacuado el trámite y seguirá adelante con el proceso. La suspensión de las actividades de Batasuna supondría la aplicación del artículo 129.1 del Código Penal, que prevé en sus apartados A y C la clausura cautelar de cualquier empresa, sociedad, fundación o asociación por un plazo de hasta cinco años. El cese de la coalición En la práctica, significará el cese de toda la actividad política de la coalición: No podrán presentarse bajo ninguna de estas siglas -HB-EH-Batasuna- a los comicios municipales previstos para mayo de 2003 y, aunque conservarían la posibilidad de recurrir a un cambio de siglas, esta argucia podría verse abortada esta vez con la aplicación de la nueva ley de Partidos Políticos. La medida, que no afecta a los sueldos ni a la condición de representantes de sus parlamentarios y concejales, supone también el embargo preventivo y la administración por parte de la autoridad judicial de todas sus sedes, locales y de las subvenciones que perciben. Por último, deja a la formación sin la posibilidad de convocar actos públicos, manifestaciones o conferencias de prensa, salvo en aquellos casos en los que alguno de sus líderes decidiera hacerlo a título personal. Embargos El magistrado fundamenta su decisión en dos informes policiales fechados los días 12 y 15 de julio del 2002. En uno de ellos, las Fuerzas de Seguridad del Estado dan cuenta de la actividad desarrollada por Batasuna durante los últimos meses y de su vinculación con los delitos de (violencia callejera) cometidos en el País Vasco por los jóvenes cachorros de ETA. El segundo es una mera cuantificación económica de los daños cometidos por éstos. Ambos informes sirvieron ya a Garzón para decretar los pasados días 12 y 18 de julio los embargos de más de 100 cuentas corrientes, locales y sedes de Batasuna. Además, pide a la Unidad Central de Información de la Policía una copia del comunicado emitido por ETA días después del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que fueron asesinados una niña de seis años y un hombre de 57. En aquel manifiesto, el último difundido hasta la fecha por la banda, además de justificar su crimen, los terroristas se erigieron como defensores de Batasuna y amenazaron de forma inequívoca a las formaciones políticas que promueven estos días su ilegalización en el Parlamento con «tomar medidas» si no frenaban el proceso.