¿Impresionar al Supremo?

¿Qué puede sentir el poder judicial -en este caso la Sala Especial del Tribunal Supremo- cuando el poder legislativo -en este caso el Congreso- y por mayoría rozando la unanimidad, le pide que aplique la Ley de Partidos que él mismo ha aprobado para ilegalizar a Batasuna, y sobre la cude otra forma: la decisión por parte del PP-PSOE de que fuese el Congreso quien inste al Gobierno, y su obsesión por sumar a CiU y al PNV a este acuerdo para alcanzar el máximo consenso, ¿no albergará la idea, por parte de PP-PSOE, de (im)presionar, de entrada, al alto tribunal? Ciertamente, y es lo que pide CiU, el Gobierno podría haber iniciado el proceso de ilegalización. Pero, claro, no sería lo mismo que si lo pide el legislativo, es decir, el autor de la Ley. (Al Senado no han querido involucrarle por temor a que entre los senadores socialistas hubiese votos en contra y quebrase el pensamiento único). El hecho cierto es que sobre la Ley de Partidos han recaído sospechas de inconstitucionalidad. El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, acaba de advertir, con mucha enjundia y fundamento, sobre esa posibilidad. No es que uno dude de la rectitud de los dieciseis magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo que ha de juzgar, con arreglo a las pruebas que se le presenten y de acuerdo con la Ley de Partidos, sobre la ilegalización de Batasuna. Pero es el caso, que en un tribunal compuesto por un número tan elevado de jueces, podría darse la circunstancia de que algunos de sus miembros -pocos, muchos o todos- compartiesen las serias dudas que algunos juristas apuntan sobre la constitucionalidad de la norma legal que, con tan abrumadora mayoría aprobó el lesgislativo y tan mayoritariamente insta la aplicación de la misma. ¿No es esta una hipótesis aceptable? Y en ese caso, ¿cual puede ser la decisión que adopte el alto tribunal? ¿Aceptar la voluntad mayoritaria del legislador -es decir, del Congreso- y no meterse en dibujos acerca de la posible inconstitucionaliad de la Ley? ¿O bien tomar en consideración esa posible inconstitucionalidad y, previamente a pronunciarse emitiendo sentencia, solicitar del tribunal competente -el Constitucional- cuál es su opinión? Son preguntas que a uno se le alcanzan al contemplar detenida y racionalmente los hechos tal y como vienen sucediendo cronológicamente.