El Gobierno basa en 23 actuaciones de Batasuna su posible ilegalización

El texto que están elaborando no es otro que con el que cree Michavila que los magistrados de la Sala Especial del Supremo cuando reciban la demanda del Gobierno, el próximo 2 de septiembre, no tendrán dudas de la conexión entre Batasuna y la banda terrorista, y que su actuación «vulnera los principios democráticos» y, en consecuencia, «procedería la ilegalización». El informe, de 30 páginas, será incorporado como enmienda del PP y PSOE a la proposición no de ley que aprobará el próximo lunes el Congreso para que el Gobierno se dirija al Supremo. Los juristas del Estado constatan que «la creación de partidos» que se sustituyen unos a otros es una «constante» en el entorno de ETA para «aprovechar de las ventajas que otorga el sistema democrático» y «sustentar apoyar, generalizar y multiplicar los efectos de la violencia terrorista, del miedo y la intimidación». Este papel, afirma el estudio, es el que han jugado primero, Herri Batasuna, después, Euskal Herritarrok y ahora, Batasuna. 23 casos de gravedad El ministro indicó que los 23 casos que se detallan son «de gravedad» e incurren «de forma reiterada» en los supuestos previstos en el artículo 9.3 de la ley de partidos. Entre ellos, figuran las negativas de Batasuna a firmar los acuerdos de condena del atentado de ETA en Santa Pola del pasado 4 de agosto en los ayuntamientos de Vitoria, San Sebastián, Pamplona, en el Parlamento vasco y en el de Navarra; las declaraciones del portavoz de la formación, Arnaldo Otegi, en las responsabiliza «en primera persona» al presidente del Gobierno del asesinato de la niña de seis y años y el varón en la localidad alicantina y amenaza, «a buen seguro, con conocimiento de causa» con futuros atentados, y, por última, justifica y, lo que es peor, legitima «el suceso» como consecuencia del «conflicto político». Las manifestaciones del diputado Antton Morcillo en las que sostuvo que la no condena de los atentados terroristas es «una seña de identidad» de Batasuna es otro caso que recoge el informe, así como el comunicado de la banda terrorista en que amenaza a los grupos que apoyen a la ilegalización evidencia, a juicio de los juristas, «la clara vinculación» entre la formación política y ETA. También cita «la doble militancia» en Batasuna de miembros de ETA sin que se hayan adoptado «medidas disciplinarias» contra ellos, es más, añade el texto, son ejemplos «emblemáticos» para su acción política. El texto recoge, asimismo, acciones y declaraciones de dirigentes de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna anteriores a la entrada en vigor de la ley para que los jueces tengan en cuenta «la trayectoria» de esta formación, cuyas «señas de identidad» desde su creación, en 1978, radican en «ser el brazo político de ETA». Trayectoria Recuerda, por ejemplo, que Jon Idígoras, cuando ejercía de portavoz de la formación, afirmó que «negociar con HB es lo mismo que negociar con ETA» o que el entonces dirigente y después expulsado Iñaki Esnaola defendió que «ETA no es ningún poder fáctico, ETA somos nosotros» y también que «HB es un movimiento de liberación nacional y ETA la punta de lanza de dicho movimiento». Estas expresiones, según el informe jurídico, «no son meras declaraciones, sino que van acompañadas de hechos firmes ya probados ante distintas instancias judiciales». El ministro de Justicia indicó que este cúmulo de actuaciones demuestra que Batasuna tuvo «la oportunidad» de corregir su trayectoria una vez aprobada la ley de partidos y «no la aprovechó». En consecuencia, agregó, el Gobierno se dirigirá al Tribunal Supremo para lograr «la desaparición total y definitiva y de una vez por todas» del «entramado de la coalición abertzale Batasuna» porque «una democracia sin complejos no puede permitir que sea normal lo que no es normal en ningún sitio». El Estado de Derecho, abundó, tampoco puede aceptar que «se utilicen los privilegios de un partido para el chantaje, la amenaza o la coacción, que las sedes sirvan para organizar actos de apoyo al terrorismo o como depósito de armas». Michavila justificó, además, la inclusión de comentarios anteriores a la ley de partidos para fundamentar su demanda de ilegalización porque la norma «no amnistía la trayectoria» de las formaciones políticas. Por otro lado, el portavoz del PP, Rafael Hernando, expresó su satisfacción por el auto en el que el juez Garzón inicia los trámites para suspender la actividad de Batasuna, y añadió que esta iniciativa da la razón a los que defienden que «ETA y Batasuna son la misma cosa».