El Gobierno presenta cerca de mil pruebas para ilegalizar a Batasuna

José María Michavila especificó que entre las pruebas figuran fotos, vídeos, páginas web, actas notariales, certificados municipales, informes de las Fuerzas de Seguridad que «no dejan dudas» de la conexión entre el partido y el grupo terrorista, aunque, matizó, «la última palabra corresponde al Tribunal Supremo». Portavoces del Ministerio señalaron que entre la documentación figuran datos como que «los dos únicos candidatos a lehendakari que ha tenido» Batasuna fueron dos presos de ETA condenados a 23 y 25 años de prisión, en referencia a Juan Carlos Yoldi en 1986 y, ese mismo año, Guillermo Arbeloa aspiró a la Presidencia del Gobierno de Navarra. Pertenencia a la banda Las mismas fuentes apuntaron que de los siete diputados que tienen en el Parlamento vasco, tres fueron condenados por pertenencia a ETA, Arnaldo Otegi, Antton Morcillo y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y un cuarto, Jon Salaberria, está imputado por pertenencia a banda armada. El ministro de Justicia señaló que hay pruebas de que Batasuna, EH y HB son parte de un «mismo entramado» ya que comparten «sedes, cargos, candidatos y objetivos». Otros datos de la vinculación con ETA que se incluyen en la demanda es que han aparecido en manos de comandos censos electorales a los que sólo tienen acceso los partidos que se presentan a los comicios, así como que en locales de la formación se han incautado armas de los terroristas. Michavila se refirió, asimismo, a los casos de «doble militancia» y los ayuntamientos en que Batasuna gobierna con mayoría absoluta y «se exalta» a ETA. La demanda, además de las casi mil pruebas, incluirá las vulneraciones de la ley de partidos que, a juicio de los servicios jurídicos del Estado, se han producido en estos dos meses. A los 23 casos que recopiló el Ministerio de Justicia hasta el pasado 21 de agosto, se añadieron los incidentes y declaraciones registrados en la clausura de sedes de Batasuna, con lo que la casuística recoge casi medio centenar de episodios. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, subrayó que todas los poderes del Estado «actuan en la misma dirección» y «sin complejos, como una democracia normal» para defender «los derechos y libertades de las personas». Puntualizó, como hizo Aznar hace tres días, que con la ilegalización «no acaba el terrorismo», pero «se le combate mejor».