El Gobierno presenta 194 casosde batasunos vinculados a ETA

«Ni antes ni después de la Ley de Partidos, el entramado Batasuna ha adoptado medida disciplinaria alguna respecto de las personas que acreditan una doble militancia con su pertenencia a ETA», subrayó el responsable de Justicia, José María Michavila. En su escrito, el Gobierno asegura, sin ambages, que «la organización política se nutre en buena medida de miembros de la organización terrorista que han sido condenados por pertenecer a la banda armada y por la comisión de delitos atribuidos al terrorismo». Un supuesto, el de la inclusión de terroristas en las listas electorales, que la Ley de Partidos en su artículo 9.3c contempla como causa inmediata de ilegalización de una organización política. Los técnicos de Justicia no ahorran en detalles a la hora de abundar en la doble militancia de algunos de los más destacados miembros de Batasuna: el Gobierno recuerda al Supremo que siempre que Batasuna ha presentado candidatos a lendakari, presidente del Parlamento vasco o la Presidencia del Gobierno navarro los elegidos han sido ex terroristas condenados por «crímenes especialmente graves». Además, cinco de los siete miembros del grupo parlamentario de Batasuna en Vitoria tienen antecedentes por pertenencia o colaboración con banda armada. Aunque en todos estos casos la relación con la banda terrorista ETA es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Partidos -según fuentes de la Abogacía del Estado-, la inclusión de los 194 nombres se justifica porque la situación actual es fruto de la «actuación coordinada durante muchos años de terrorismo y política». «Sería una falacia política el pretender aislar la situación producida antes y después de la entrada en vigor de esta ley», añadieron dichas fuentes. Censo Otro elemento que para el Ejecutivo central demuestra la sumisión de Batasuna a ETA es que la banda terrorista, en diferentes momentos de su historia, ha tenido copia del censo electoral remitido a los partidos políticos. Justicia acusa a la propia coalición de haber facilitado de manera consciente a la banda terrorista el listado electoral para que los etarras lo utilizaran para conocer los domicilios de las personas objetivo de extorsión a través del denominado impuesto revolucionario. Una tesis que ha sido confirmada en alguna ocasión por los propios etarras detenidos. El expediente que el Gobierno entregó en la Sala Especial del Supremo, que consta de más de 1.000 elementos de prueba repartidos en 26 carpetas, recoge asimismo 60 «pruebas» que para Justicia evidencian el «apoyo político expreso o tácito al terrorismo», el «fomento de una cultura de enfrentamiento y confrontación civil» y el «uso de símbolos y mensajes de los terroristas como propios», supuestos todos ellos contemplados en la Ley Partidos. Las declaraciones de Arnaldo Otegi tras el atentado mortal de ETA en Santa Pola en las que calificaba el asesinato de dos personas de «consecuencia dolorosa» de la falta de solución de un «conflicto político» encabezan la lista de 17 manifestaciones públicas recientes de responsables de la coalición abertzale de Batasuna, (concejales , miembros de la Mesa Nacional, diputados autonómicos y alcaldes), en las que el Gobierno ve palabras de «apoyo» a la banda terrorista.