PNV y EA quieren que el Parlamento denuncie la Ley ante el Constitucional

El debate de esta proposición no tendrá lugar en sesión plenaria, ya que el primer pleno será el de política general previsto para finales de mes y el plazo de recursos en el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos expira el 29 de septiembre. Por ello, la votación sobre la iniciativa presentada ayer tendrá lugar en los próximos días en el seno de la Comisión de Instituciones e Interior. Las reacciones en contra tanto de la resolución del juez Baltasar Garzón como de la Ley de Partidos crecen desde el nacionalismo democrático. A la reclamación realizada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, y a la concentración promovida por Eusko Alkartasuna se sumó el deseo de que el Parlamento denuncie ante el Constitucional la norma, una iniciativa que saldrá adelante dada la mayoría nacionalista de la cámara vasca. Aún así, el portavoz de EA, Rafael Larreina, no se mostró en absoluto confiado ante la posibilidad de que el recurso prospere ya que «se está politizando todo el sistema judicial en su máxima expresión». Los motivos que han llevado al registro de esta iniciativa, en palabras del propio Larreina, «son las discrepancias jurídicas que la ley presenta, en concreto en sus artículos 9, 10, 11 y sus disposiciones adicionales primera y segunda, con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución». Según explicó el dirigente de EA, el proceso de ilegalización abierto con la presentación de las demandas del Ejecutivo central y del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo «afecta directa y restrictivamente a derechos y libertades tan relevantes como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación ciudadana, que están reconocidos expresamente por la Constitución en si Título I, Capítulo II, Sección Primera». Para argumentar la necesidad de esta iniciativa, PNV y EA recordaron el texto aprobado por la cámara vasca el 17 de mayo que defendió la necesidad de garantizar los derechos fundamentales y libertades democráticas «con independencia de la simpatía o el juicio político que a unos u otros pueda merecer el titular o titulares de esos derechos y libertades». Además, la cámara constató en aquella ocasión lo contraproducente que es «para hacer posible una convivencia política pacífica, democrática y con garantía para la expresión de su pluralismo» la aplicación de procesos de ilegalización como el contenido en la Ley de Partidos. Aunque la formación liderada por Javier Madrazo se mostró esperanzada en alcanzar un acuerdo con PNV y EA, se mostró partidaria de que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos fuera presentado por el Gobierno vasco y no por el Parlamento. El posible recurso de los nacionalistas vascos contra la Ley de Partidos no inquieta a PP y PSOE, convencidos de que no conseguirá frenar el proceso de ilegalización de Batasuna y está abocado al «más estrepitoso de los fracasos», tal y como dijo, en el Congreso, el portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera. Los firmantes del pacto antiterrorista aseguran que la Ley de Partidos pasa todos los filtros de legalidad, e incluso los criterios más exigentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Populares y socialistas no tienen ninguna duda de que la ley es «plenamente constitucional», incorpora las mejores garantías del Estado de Derecho y se aprobó en defensa de la democracia.