El juez confirma la suspensión de las actividades de la coalición y aclara que está persiguiendo hechos delictivos EL CAMINO HACIA LA ILEGALIZACIÓN
Garzón reprocha al Gobierno vasco que menoscabe sus actuaciones
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confirmó ayer su decisión del pasado 26 de agos
Joseba Azkárraga, consejero de Justicia de Euskadi, quien se muestra contrario al auto de Garzón
Para el juez, la actitud de partidos y Gobierno autonómico ha sido «poco acorde con el respeto de la independencia judicial y a la división de poderes», ya que en su opinión las declaraciones de los responsables vascos han «desvirtuado el contenido y el sentido» de la polémica resolución judicial, «presentándola como contraria al derecho fundamental de libertad de expresión». «Afirmar que el juzgado pretende limitar los derechos constitucionales de personas ajenas a la causa, a parte de falso, es una arbitrariedad dirigida a menoscabar la actuación judicial que se enmarca en la más estricta legalidad», asegura Baltasar Garzón. Hechos, no ideas El juez dice sentirse obligado a explicar al Gobierno de Juan José Ibarretxe y a los responsables de varios partidos, que no cita, que su investigación se centra exclusivamente en «hechos delictivos y no en actos políticos u opiniones». «En ningún momento -subraya textualmente- ha existido ni puede existir extrapolación o extensión a otras personas y sus actividades». Aclara la resolución conocida en el día de ayer que nunca el magistrado ha pedido que se prohíba manifestación o actuación de ningún colectivo que no sea HB-EH-Batasuna o de «personas jurídicas o físicas» ya utilizadas por la coalición radical abertzale. «Ese es el sentido de la providencia y no otro», recalca tajante el instructor, quien insiste que las prohibiciones sólo comprenden «a las personas investigadas y a sus actividades presuntamente delictivas». Además de las críticas, el magistrado advierte a las «instituciones legislativas y de representación popular» que deben hacer cumplir el cierre de las sedes de Batasuna y la suspensión de sus actividades. Aunque la medida es cautelar -recuerda Garzón a las autoridades vascas-, la efectividad de la suspensión es «inmediata», si bien reconoce el magistrado que él no puede obligar «coactivamente» a las instituciones a aplicar todas sus decisiones. Sin despejar las dudas que rodean a la aplicación de su resolución al grupo parlamentario de Batasuna en Vitoria, el magistrado se limita a señalar que «no sería justificable» que el poder legislativo -en referencia al Parlamento vasco, al que no cita expresamente- incumpliera lo dispuesto en aquel citado escrito.