PNV cree que la ilegalización impone el «estado de excepción» en Euskadi

En la sede central del partido en Bilbao y sin dejar margen a la improvisación a la que está tan acostumbrado, el presidente del PNV asumió la labor de hacer la crítica política a las actuaciones en marcha mediante la lectura del texto en el que el órgano de gobierno de la formación nacionalista analiza los últimos acontecimientos. Arzalluz criticó el «creciente deterioro» que sufre la democracia española con lo que el PNV entiende como el proceso de desaparición de la separación de poderes. En su opinión, la aprobación de la Ley de Partidos y las últimas decisiones judiciales, «y con la pantalla de ETA y el terrorismo», suponen que «estamos padeciendo ya, de hecho, un estado de excepción» que no ha sido «formalmente declarado» y donde son vulnerados «derechos fundamentales» como los de expresión, asociación y manifestación. Violaciones de los derechos fundamentales que Arzalluz atribuyó sin ambages a las recientes decisiones del juez Garzón, en especial a la suspensión cautelar de las actividades de ETA, una resolución que «casi en su totalidad no es más que una concatenación de informes policiales no debidamente probados y algunos falsamente aducidos», según el acuerdo del PNV leído por Arzalluz. «Se pretende defender la democracia a costa de la democracia», añadió el líder nacionalista. El presidente del PNV se dirigió a los poderes del Estado que se mantienen en silencio a pesar de que «tienen obligación de hablar alto y claro» para que se posicionen y frenen «la proliferación de presiones y chantajes que en palabras de políticos relevantes se están ejerciendo desde el Gobierno y desde determinados medios de comunicación». «Les exhortamos a que se pronuncien», aseguró firmemente. Error jurídico Tras la carga política contra la actuación judicial, el jurista y parlamentario autonómico Emilio Olabarría hizo una lectura más técnica y jurídica de la situación que rodea a Batasuna. Con el Código Penal en la mano, defendió que como la coalición abertzale no ha sido condenada ni objeto de imposición de ninguna pena, no cabe imponer la suspensión cautelar de actividades con apoyo en el artículo 129 del texto penal, que, según su análisis, queda reservado para la imposición de penas accesorias en sentencia firme. «Es jurídicamente imposible imponerle medidas accesorias (a Batasuna), aunque el juez hábilmente modifique la expresión y utilice la de medidas cautelares», explicó el dirigente nacionalista. En este sentido, Arzalluz recordó con ironía que la propia Herri Batasuna acató la Constitución por imperativo legal, algo que ahora reprocha a los nacionalistas. Ante las denuncias de dirigentes radicales de que el PNV está buscando un enfrentamiento entre abertzales, el líder nacionalista apuntó que «nadie» se acordó del PNV cuando ETA asesinó a algunos de sus militantes. Siguiendo así las cosas, dejó claro que los nacionalistas «no le tenemos miedo a Batasuna» y subrayó que «no existe ni existirá posibilidad de acción política común mientras la coalición abertzale de Batasuna no se oponga a la violencia de la banda terrorista ETA».