Patrullas especializadas perseguirán a los maltratadores

Patrullas especializadas de policías nacionales y guardia civiles supervisarán que los maltratadores no violen las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces para evitar el acoso a sus esposas o compañeras mientras se celebra el juicio. Estos agentes de proximidad tendrán el cometido de identificar las posibles situaciones de riesgo de las víctimas y vigilarán los domicilios de las amenazadas para evitar nuevas agresiones. El Plan Integral contra la Delincuencia elaborado por el Gobierno, en el que se recoge el nacimiento de estas unidades policiales, dispone además la creación en las fiscalías de todas las provincias españolas de la figura de los fiscales delegados especializados en agresiones en el seno de la familia. La Guardia Civil, por su parte, ampliará a todas las comarcas españolas sus unidades EMUME de atención a la mujer y al menor, mientras que la Policía Nacional ya ha recibido órdenes de extender a todas las provincias su Servicio de Atención a la Mujer. Interior ha incluido en el programa contra la criminalidad la puesta en marcha de una vasta red de teléfonos de atención primaria a las víctimas de la violencia doméstica. Jueces Los jueces, tras la entrada en vigor de las reformas legislativas previstas en este plan, podrán decretar la prisión preventiva de los maltratadores que acosen a sus compañeras o que reincidan en las palizas. También podrán mandarles a la cárcel de manera provisional si quebrantan las órdenes de alejamiento. Para poder dictar estas medidas cautelares, magistrados y fiscales tendrán acceso a un banco de datos de nueva creación en el que se centralicen todas las órdenes de extrañamiento por violencia de género, de manera que cualquier juez pueda saber si ese maltratador ya tiene antecedentes en otras sedes judiciales. Siguiendo el ejemplo de Interior, Justicia también quiere tener funcionarios especialistas en malos tratos. El departamento que dirige José María Michavila pondrá en marcha cursos para formar a los profesionales de la Justicia que trabajen en el ámbito de la violencia de género. Además, el Gobierno quiere contar con abogados de oficio disponibles en todas las provincias especializados en la defensa de víctimas de abusos en el seno de la familia.