La ley de bloqueo contra la financiación del terrorismo lleva cinco meses parada en el Congreso

Juez o no juez, ésa es la cuestión. El Gobierno no cree necesario que la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo recoja que un magistrado autorice la intervención de las cuentas bancarias de personas o grupos sospechosos de vinculación con el terrorismo. El resto de los grupos, en cambio, es partidario de establecer garantías judiciales. Esta divergencia mantiene atascada la norma en el Congreso desde hace cinco meses, y casi un año después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto. La parálisis es poco explicable ya que el Ejecutivo y la Comisión Europea otorgaron a esta norma una importancia capital porque creen que es una herramienta idónea para estrangular las redes de financiación de todos los terroristas. La dificultad para acercar las posturas del PP y las del resto de grupos en lo que a la tutela judicial de las intervenciones bancarias se refiere han motivado que el proyecto esté dormido desde mayo en la comisión de Justicia e Interior. Las negociaciones, sin embargo, se mantienen. No más de seis meses El proyecto gubernamental establece que la orden de bloqueo es potestad de una comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. La intervención, según el texto, no podrá exceder los seis meses, y sólo si se quisiera prolongar se debería solicitar una autorización judicial. PSOE, IU, CiU, PNV y BNG abogan por la intervención del juez desde el inicio del proceso para que lo permita o prohiba. Los socialistas plantean que el bloqueo sea autorizado por un magistrado en un plazo de 15 días desde que la comisión de vigilancia solicite el permiso. El PNV aboga por la autorización judicial previa a la inmovilización de cuentas, aunque si «razones de urgencia» exigen la «inmediata ejecución de la medida», se pondrá en marcha y se avisará al juez en un plazo de 24 horas para que autorice o no la operación. CiU defiende la misma tesis y los mismos plazos. IU reclama que, una vez acordado el bloqueo, se pida en 48 horas el permiso del juez, mientras el Bloque Nacionalista Galego plantea que la intervención siempre sea ordenada por un magistrado. La tutela judicial no sólo es reivindicada por los grupos de la oposición, ya el 24 de enero último, el Consejo General del Poder Judicial reclamó al Gobierno que modificara el anteproyecto de la ley para que fuera un juez el que autorice los bloqueos bancarios si hay indicios de delito.