Los nacionalistas acusan a Garzón y Aznar de buscar la confrontación civil

El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, responsabilizó al consejero de Interior, Javier Balza, de que «ETA hablara en las calles de Bilbao. También el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y dirigente del PSE, Javier Rojo, culpó a Balza de no haber impedido que la concentración se produjese con el consiguiente riesgo para los agentes. Iturgaiz señaló que la Ertzaintza «cumplió con su obligación y estuvo a la altura de las circunstancias» al disolver la manifestación del sábado. El dirigente de los populares vascos lamentó, en cambio, la decisión de Balza de permitir el arranque de la marcha y después la celebración de «un acto político de ETA», en referencia a las manifestaciones de los dirigentes de Batasuna megáfono en mano ante los manifestantes. El PP solicitó la comparecencia del consejero de Interior en el Parlamento vasco para que explique por qué permitió «la celebración de la manifestación, a pesar de esta prohibida» por un auto del juez Garzón. El portavoz de los populares en la cámara de Vitoria, Leopoldo Barreda, tachó de «incompetente» la actuación de Interior porque «ETA consiguió sus objetivos políticos, consiguió la foto». El socialista Rojo apreció «intencionalidad política» en la decisión del consejero de permitir el inicio de la manifestación para disolverla media hora después. Advirtió que pudo haberse organizado una desgracia por dejar que se concentraran miles de manifestantes frente a dos centenares de agentes de la Ertzaintza. «Hay que ser muy torpe y tener muy poca capacidad para no saber lo que iba a suceder» ya que los policía se arriesgaron a sufrir «cosas gravísimas». Enfrentamiento civil El portavoz del Ejecutivo vasco Josu Jon Imaz también defendió la actuación de la Ertzaintza que «cumplió la ley con racionalidad y proporcionalidad» y responsabilizó a un grupo de manifestantes de los incidentes ya que atacaron a la policía. Imaz calificó además de «contradictorio» para una «inmensa mayoría» de la sociedad vasca los autos del juez Garzón que «suponen una restricción ilimitada de derechos fundamentales en una sociedad democrática». El portavoz del Gobierno de Vitoria reclamó que no se profundice en la espiral de convocatorias de manifestaciones y prohibiciones judiciales y abogó por mantener «un proyecto de convivencia» frente a la «estrategia de enfrentamiento civil» impulsada por Aznar y el juez Garzón «alimentada» desde Batasuna. El secretario de la Organización Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, insistió en que el juez de la Audiencia Nacional con sus autos y el Gobierno del PP «intentan que la sociedad vasca se vea inmensa en una abierta confrontación civil». El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi negó que un grupo de manifestantes provocara a la Ertzaintza y puso «como testigo» a la prensa internacional que siguió la manifestación para que de fe de que la policía actuó sin provocación previa. El dirigente de la formación radical responsabilizó «de forma colectiva» al Gobierno del lendakari Juan José Ibarretxe de haber colocado «un muro de la vergüenza» contra la protesta.