La ilegalización de Batasuna marca la apertura del nuevo año judicial

Entre ellos había representantes de la Junta de Fiscales y del Ministerio de Justicia, que durante el mes de agosto trabajaron de forma frenética para elaborar las dos demandas de ilegalización que a día de hoy obran en poder del Supremo. También había miembros de la Sala Especial del alto tribunal -conocida como sala del artículo 61-, que decidirán en los próximos días si admiten o no a trámite las peticiones del Ejecutivo y del Ministerio Público. Una decisión que, si resuelven en sentido afirmativo, marcará el inicio «de facto» de la marginación de los nacionalistas radicales. Pero antes de resolver acerca de la admisión o no de las demandas, la Sala Especial tendrá que sortear uno de los principales escollos que han surgido en ese largo camino procesal. Se trata del trámite de notificar de forma oficial a Batasuna la presencia de ambas peticiones en su contra en poder del Tribunal Supremo. Y de emplazar a sus representantes legales para que comparezcan ante este organismo judicial para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Según informaron fuentes de la Fiscalía, hoy el Ministerio Público pedirá que la citada notificación les sea remitida a través de su portavoz en el Parlamento de Vitoria, Arnaldo Otegi. También, que le sea comunicado el inicio del proceso al procurador que representa a la coalición en el sumario 35/02 del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo instructor, el juez Baltasar Garzón, suspendió sus actividades. Dicha notificación también podría trasladarse a la abogada abertzale Jone Goirizelaia, que el pasado 23 de agosto se personó ante el magistrado de la Audiencia Nacional en nombre de la coalición abertzale Batasuna para presentar alegaciones. Edictos en prensa La Fiscalía ha renunciado al emplazamiento subsidiario en la sede que Batasuna todavía mantiene abierta en la ciudad francesa de Bayona. Si no fuese posible realizarlo en la Audiencia Nacional o en la persona de Arnaldo Otegi, les quedaría aún el recurso de publicarlo en forma de edictos en la prensa. Fuentes del Ministerio Público aventuraron que es poco probable que recurran a este procedimiento, ya que «se trata de un hecho que es público y notorio», que los líderes radicales de Batasuna «han conocido ya» por su publicación en varios medios de comunicación. Cuando la Sala Especial de por resuelto este trámite, los representantes legales de Batasuna dispondrán de ocho días hábiles para presentarse ante el Tribunal Supremo y comunicar todas las alegaciones que consideren pertinentes. Si optan por no acudir, perderán la posibilidad de recurrir en el futuro ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pese a las maniobras de los dirigentes de la coalición abertzale y radical de Batasuna para no darse por enterados de manera oficial de la presentación de dos demandas que reclaman su completa ilegalización, los magistrados más veteranos del Tribunal Supremo no dudaron ayer en aventurar que, al final, la coalición radical abertzale comparecerá en el proceso.