El Gobierno ordena que 54.000 policías luchen contra la delincuencia

«Sumar los esfuerzos puede multiplicar la seguridad», explicó el ministro. La filosofía -insistió en la reunión de este lunes- es simple: si los más de 50.000 agentes municipales se unen a los 115.000 funcionarios en activo de las fuerzas de Seguridad del Estado (45.000 policías nacionales y 70.000 guardias civiles), hay plantilla suficiente para reforzar a corto plazo la seguridad en las tres áreas prioritarias de implantación del proyecto (barrios conflictivos, comercio y zonas turísticas). Si se logra esa coordinación con los ayuntamientos, además, se puede repartir la vigilancia por áreas y redoblarla en las franjas horarias en las que se registra un mayor número de delitos (principalmente por la noche). Adaptar el plan Ángel Acebes informó a los altos funcionarios del acuerdo marco que Interior firmará en breve con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la implantación del programa. Sin embargo, insistió en que serán los delegados los que se encarguen, ayuntamiento por ayuntamiento, de «adaptar el plan a cada circunstancia», huyendo de «generalizar» las líneas del programa. Para ello, el Ministerio del Interior también propuso a los representantes del Ejecutivo que se reúnan cuanto antes con responsables vecinales, empresarios y hosteleros para detectar las principales carencias de cada zona. El calendario establecido por el Gobierno para la entrada en vigor del plan es muy simple: a partir de hoy deben de comenzar los encuentros con los agentes sociales y con los ayuntamientos, con los que se pondrán en marcha programas de «evaluación permanente» para conocer la repercusión del programa contra la criminalidad. Frente a los seis delitos que establecía el plan Policía 2000, Acebes pidió a sus funcionarios que se centren en los tres tipos de infracciones y faltas que más preocupan a la ciudadanía: los delitos contra la propiedad (robos en domicilios, atracos y carteristas), malos tratos en el ámbito doméstico y tráfico de drogas. Ante los delegados y subdelegados, el ministro del Interior se mostró convencido de la «magnífica disposición» de los ayuntamientos para participar en el plan contra la delincuencia. Interior, antes de presentar la pasada semana el proyecto, ya tanteó a varios municipios significativos sobre el mismo. Sin embargo, explicaron fuentes de la reunión, algunos delegados ya han manifestado al Gobierno la posibilidad de que algunos ayuntamientos rechacen desviar policías propios al operativo del Gobierno sin recibir nada a cambio. La postura de Interior en este asunto fue también clara: no habrá una partida extraordinaria para los municipios porque no se trata de contratar a más policías municipales, sino de sacarlos de otras funciones -como la regulación del tráfico- para dedicarlos a la prevención del delito y mejorar su coordinación con las fuerzas de Seguridad del Estado a fin de aumentar la cobertura de seguridad a más zonas y por más tiempo. El único dinero que saldrá de las arcas del Estado -recordaron fuentes de la Administración- serán 300 millones de euros para la prometida contratación entre el 2002 y el 2004 de 20.000 agentes. Competencias transferidas Acebes salió al paso de las críticas de algunos miembros del gobierno catalán, que en los últimos días han insinuado que el «plan integral» supondría hurtar competencias de seguridad pública transferidas ya a la Generalitat.