Grandes retos con bajos fondos

Un ejemplo de ello es que la subida salarial para jueces y fiscales va a ser sufragada en buena parte con la reducción en la creación de nuevos juzgados, sin descartar la vía de los recursos «extraordinarios», como la posible imposición de tasas judiciales. El Ministerio que ahora dirige José María Michavila ha logrado para el 2003 un presupuesto de 1.137,23 millones de euros, un 6,7% mayor que el año pasado. Pero estos fondos, lejos de ser un maná, habrán de gestionarse con minuciosidad para alcanzar todos los retos que tiene planteado: el plan de lucha contra la delincuencia, los juicios rápidos, el nuevo mapa judicial y la Carta de Derechos de los Ciudadanos, entre otros. La idea principal de la nueva ley de retribuciones para jueces y fiscales es tener unos profesionales «bien pagados» (las remuneraciones básicas se mantienen y son las variables las que aumentan), que serán «premiados» con incentivos económicos en función de su rendimiento, «especial laboriosidad», y el cumplimiento de objetivos y resultados concretos. Según el Ministerio, ese sistema permitirá «obtener cuotas de rendimiento máximo en la actividad judicial», con lo que se podrán seguir resolviendo más asuntos de los llegan, tendencia que se recuperó en el 2001 tras años de acumular atascos. A pesar del mayor gasto que supondrán a partir de ahora los salarios de los profesionales públicos de la justicia, el Gobierno sostiene que lo compensará con una disminución en el número de nuevos juzgados (el próximo año se crearán 30, frente a los 732 puestos en marcha entre 1998 y 2002), que se limitarán «a lo estrictamente necesario». En este contexto no parece gratuito el debate abierto el pasado día 17 por quien ocupa en la actualidad el principal cargo de responsabilidad en la judicatura. Francisco José Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, aprovechó el acto de apertura del curso en los tribunales españoles para plantear la reintroducción de las controvertidas tasas judiciales, un sistema por el que se pagaría una determinada cantidad por acudir a los juzgados y que fue suprimido por el primer Gobierno socialista tras décadas de funcionamiento. Michavila tuvo que terciar en la polémica y, tras recordar que España es «el único país de la Unión Europea en el que nadie paga nada por usar la justicia», puntualizó que los únicos que podrían llegar a pagar esos tributos serían los bancos, las grandes empresas y las compañías de seguros, principales beneficiados de los juzgados.