El Congreso aprueba agilizar las condenas a partir de marzo del 2003

Esta medida afectará al 70% de la delincuencia que se registra en nuestro país. Se trata de la primera gran reforma legislativa que se aprueba tras la firma del Pacto de Estado por la Justicia, así como una de las primeras medidas del plan del Gobierno contra la inseguridad ciudadana. De hecho, incide en los delitos y faltas que crean mayor inseguridad, como los robos y hurtos. La reforma de la Ley permitirá juzgar las agresiones de violencia doméstica en 24 horas tras la detención del agresor, si se considera el hecho como falta, y en 15 días si se trata de un delito de lesiones, lo que conllevará una reducción del elevado porcentaje de sentencias absolutorias por falta de pruebas y testimonios. Todo ello implicará «un cambio de mentalidad en la justicia penal gigantesco», según el Ministerio de Justicia, ya que actualmente un delito de robo de vehículo puede tardar un año en juzgarse, y con la nueva normativa, tendrá que enjuiciarse en un máximo de 15 días Abstención de IU En el Senado, el dictamen logró el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, aunque algunos, como el PSOE, se abstuvo en aspectos puntuales, como por ejemplo el sobreseimiento de causas por inacción del ministerio fiscal. El consenso se repitió ayer en el Congreso, aunque IU decidió abstenerse al calificar de «dudosa y preocupante» esta reforma legal. «No podemos sumarnos a la misma sin violar nuestros compromisos con nuestros electores», señaló el portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón. Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, el último en intervenir en el debate, resaltó la importancia de esta reforma que ha contado con una «intervención activa» de los grupos parlamentarios y de otros colectivos como los de jueces o fiscales. En su opinión, éste no ha sido «un acuerdo de carril» y añadió que de lo que se trata es de conseguir «un cambio de actitudes» no sólo en los jueces, sino en todo el personal de la Administración de Justicia, desde los secretarios judiciales hasta la policía judicial. Desde el PSOE, Javier Barrero recordó que fue su formación quien implantó esta modalidad de juicios en 1992, para atajar la delincuencia coincidiendo con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. El portavoz socialista afirmó que, «por coherencia», su grupo debía mostrar su satisfacción, al tratarse de uno de los «elementos esenciales» del Pacto de la Justicia. «En el 92 logramos unos procedimientos más ágiles y crear una menor sensación de impunidad en el agresor y una mayor satisfacción de la víctima por una menor dilación del proceso», indicó Barrero, que agregó que las garantías para todos los que forman parte del proceso no deben estar «reñidas con la rapidez del procedimiento».