Corinna acusa al rey emérito de las amenazas del CNI a ella y sus hijos
Sanz Roldán niega coacciones ni haber enviado a agentes para robarle material sensible a la examante de Juan Carlos I
Corinna Larsen reapareció ayer en escena para refrendar lo que dijo ante un notario de Londres en 2019: que el exdirector del CNI la amenazó por orden de Juan Carlos I.
La declaración de la examante del rey emérito como testigo en el juicio contra el excomisario José Antonio Villarejo por calumnias y denuncia falsa hacia el general Félix Sanz Roldán era muy esperada. Más que la del propio policía jubilado, que aprovechó su primera vista pública para denunciar un complot contra él y deslizar que su mente está «empezando a recordar todo».
Larsen, por videoconferencia desde la capital británica, respaldó la versión del acusado, sin cambiar nada de lo que ha contado en los últimos meses sobre vigilancias, coacciones, amenazas o el temor que sintió por su integridad física y la de su familia. Incluso relató varios episodios que contribuyeron a generar esa situación de miedo por su seguridad.
El más «escalofriante» se produjo en 2012 en Londres, cuando, por petición expresa del monarca, se reunió con Sanz Roldán en un hotel. En el encuentro, el que fuera jefe de los servicios secretos españoles le comunicó que no podía garantizar la seguridad ni de ella ni de sus hijos. «Cualquiera —remarcó— estaría aterrorizado con estas palabras».
La empresaria alemana reconoció ante el juez que se sintió amenazada tras haber sido objeto de una operación encubierta del CNI para tratar de robarle de su vivienda y de su despacho en Mónaco supuesta información delicada sobre Juan Carlos I por lo que pidió explicaciones al propio monarca.
«Me comunicó que Sanz Roldán estaba llevando a cabo una operación para protegerme de los paparazzis». Una respuesta que, según dijo, «no tenía ningún sentido» y que, lejos de calmarla terminó por asustarla más. Máxime cuando a los pocos días y durante un viaje familiar a Suiza, encontró en su apartamento un libro sobre la muerte de Lady Di al que le acompañó una llamada de teléfono en el que se le advertía, en español, de que entre Mónaco y Niza «hay mucho túneles».
«Esto deja clara la situación en la que me encontraba de amenazas y peligro», aseveró Corinna, en referencia al trágico accidente de coche que le costó la vida a la que fuera princesa de Gales en un túnel de París. La examante de don Juan Carlos también reveló que Sanz Roldán supuestamente se puso varias veces en contacto con ella por correo electrónico bajo el pseudónimo de Paul Bon. En uno de esos emails, afirmó que el entonces director del CNI le habló del envío de unas cajas negras con el material sensible recopilado en Mónaco. Además, siempre de acuerdo a su versión, el general le dijo que, «si quería ir contra él, habría consecuencias». Una amenaza que, subrayó Larsen, se repetía «cada vez que me negaba a algo que él quería».
Sanz Roldán rechazó de arriba abajo la versión de la empresaria y afirmó que «jamás» ha «amenazado a una mujer y su hijo». Negó igualmente haber enviado»mercenarios» o agentes a sus oficinas de Mónaco para registrarlas o evitar los «paparazzi» y evitó detallar el contenido de la reunión que mantuvo con la amiga de don Juan Carlos en Londres, alegando que se trataba de un episodio protegido por la ley de secretos oficiales.
En su turno, Villarejo aseguró que se reunió con Corinna en la capital británica en junio de 2015 por orden del CNI para «proteger a la monarquía». En esos encuentros, el excomisario intentó «convencerla, seducirla, engañarla» para ganarse su confianza y «recuperar documentos importantes para la seguridad del Estado». «Era mi trabajo», reconoció Villarejo, que también pudo corroborar que Larsen «estaba realmente aterrada» por las supuestas amenazas de Sanz Roldán.
La Fiscalía modificó sus conclusiones para retirar el delito de calumnias y mantener el de denuncia falsa después de que el testimonio de Larsen corroborará lo que el policía contó en una entrevista en televisión: que el exdirector del CNI le había amenazado en persona, lo que reduce su petición a un año de cárcel.