El secesionismo arremete contra la justicia y dará la batalla por el 30-M
Los socialistas catalanes acusan al vicepresidente de la Generalitat de perpetrar un «pucherazo»
Miquel Iceta ayer, en el Parlamento catalán. QUIQUE GARCÍA
La tensión política va en aumento en Cataluña, a la espera de la decisión del TSJC sobre la fecha de las elecciones autonómicas. Esa tensión se trasladó ayer a la Cámara catalana, escenario de un combate entre los partidos catalanes, sobre todo entre los independentistas y el PSC, que se intercambiaron graves acusaciones.
El secesionismo elevó el tono y cargó con todo contra la justicia, en vísperas de que el Alto Tribunal catalán resuelva, entre este jueves y el viernes, si mantiene las medidas cautelares y sigue vigente la convocatoria de las elecciones del 14 de febrero. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, compareció por sorpresa en el Parlament, donde presionó y llamó a la «responsabilidad» al TSJC. A su juicio, las urnas deberían ponerse el 30 de mayo, por cuestiones sanitarias, ya que la situación en Cataluña es a día de hoy «crítica». Aragonès avisó de que «batallará hasta el final» para que las elecciones se celebren ese día.
Las alegaciones del Govern a la decisión del TSJC se basan en argumentos jurídicos (el Gobierno catalán considera que el decreto tiene encaje legal), sanitarias (en febrero habrá un riesgo para la salud pública en pleno pico de la tercera ola y en mayo se espera que la situación, con el avance de la vacunación, mejore) y políticas.
Votar el 14-F restaría legitimidad a los comicios, según la administración catalana, pues a su entender miles de catalanes, por razones de miedo o porque tendrán que estar en cuarentena o en el hospital, no podrán acudir a votar.
El presidente en funciones mostró «preocupación», «perplejidad» e «indignación» por la resolución del TSJC. Su escudero, Sergi Sabrià, como portavoz del grupo de ERC en el Parlament, fue más allá y acusó a los tribunales de «ejecutar» el plan que está «maniobrando» el Gobierno para que Salvador Illa gane las elecciones y derrote al secesionismo. Sabrià habló de «155 encubierto», en el que los jueces están dando un «golpe a la democracia» para alterar el resultado electoral.
La respuesta de los socialistas no se quedó corta. El PSC, única formación que se opuso abiertamente al aplazamiento al 30-M, acusó al vicepresidente de la Generalitat de perpetrar un «pucherazo», pues ni tiene competencias para suspender unas elecciones ni para convocar otras. «Usted se ha atribuido competencias que no tiene para controlar el proceso electoral», afirmó Eva Granados.
El viernes pasado, en la reunión celebrada entre los partidos, el Govern concitó un amplio apoyo para aplazar los comicios. Sin embargo, ayer se quedó solo y buena parte de las formaciones le criticaron la «chapuza» cometida con el decreto.
A pesar del revés judicial, que es provisional y que podría cambiar entre este jueves y el viernes, el Govern no se plantea rectificar. Aunque algunos juristas ponen en duda la legalidad del decreto suscrito por Pere Aragonès, el vicepresidente descartó firmar uno nuevo. JxCat y ERC, en cualquier caso, no las tienen todas consigo y ayer se cruzaron dardos envenenados a cuenta de los problemas jurídicos por el aplazamiento electoral. Se llamaron «cínicos», lo que denota que los nervios van en aumento. Más aún después de conocerse que la Fiscalía Superior de Cataluña había enviado un informe al TSJC en el que se mostró favorable a la decisión del tribunal de suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones catalanas y mantener provisionalmente la convocatoria para el 14 de febrero, «atendiendo a la preservación de los distintos derechos e intereses legítimos en conflicto».
Como la decisión de los jueces, el Ministerio Público dio su opinión «única y exclusivamente sobre la medida cautelar, sin que proceda abordar cuestiones de fondo».
De momento, los trámites electorales siguen su curso y entre este martes y este jueves los ayuntamientos tenían previsto realizar los sorteos de los integrantes de las mesas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer a razones políticas.
«Cataluña tiene una gran oportunidad de erigirse en la vanguardia de la recuperación de nuestro país pero para eso necesita cuanto antes un Gobierno con plenas competencias», dijo.
El jefe del Ejecutivo argumentó que Cataluña lleva ya un año sumido en una crisis de gobernabilidad, que comenzó cuando el ‘expresident’ Quim Torra dio por agotada la alianza de su partido, JxCAT, con ERC y anunció su intención de convocar elecciones.