La justicia no se mueve y mantiene el 14-F de momento para las elecciones catalanas
La decisión obliga a los partidos catalanes a poner en marcha la campaña electoral sin conocer la fecha segura
Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de Salud. JESÚS MORÓN
En Cataluña, desde hace unos años, se cumple la máxima de que todo lo que va mal es susceptible de empeorar. Quim Torra tuvo en su mano convocar elecciones hace un año. Y JxCat y ERC pudieron haber investido a un presidente alternativo cuando Torra fue inhabilitado. Cualquiera de las dos opciones habría evitado el caos jurídico y político en el que se encuentra el tablero catalán, con la fecha de las elecciones en el aire, a solo una semana de que dé comienzo la campaña electoral.
De momento, las comicios se mantienen en la fecha inicialmente prevista del 14 de febrero, según resolvió ayer el TSJC. Eso sí, la decisión es provisional y el calendario podría cambiar en los próximos días.
El Alto Tribunal se ha comprometido a resolver definitivamente la causa judicial de los recursos presentados contra el decreto del Govern, que suspendía la convocatoria del 14-F, antes del 8 de febrero. Si lo hiciera con prontitud, la semana que viene, evitaría algunos quebraderos de cabeza o, dicho de otra manera, escenarios de inseguridad tanto jurídica como del ejercicio de la democracia.
Porque la campaña comenzará el próximo viernes. Y a los poco días los jueces podrían decidir que el decreto firmado por Pere Aragonès, que algunos juristas y la propia oposición califican de chapuza jurídica, se ajusta a la ley y en consecuencia la llamada a las urnas se aplazaría al 30 de mayo, tal como pretenden el Gobierno catalán y buena parte de las formaciones políticas catalanas, salvo el PSC.
En ese caso, toda la maquinaría electoral debería pararse en seco. Con algunos problemas si ya hay gente que para entonces ha votado por correo, por ejemplo. Uno de los afectados sería Salvador Illa, quien tiene previsto cesar como ministro para la campaña y podría verse sin cargo en el Gobierno y sin carrera electoral.
Pero el TSJC podría decidir también todo lo contrario. En ese caso, el 14-F se mantendría como fecha final, aunque el Ejecutivo catalán no descarta nada y trabaja en escenarios intermedios entre febrero y mayo. La Generalitat también tendría la opción de presentar un recurso al Constitucional y pedir medidas cautelares.
Lo que ayer hizo la justicia fue dejar en suspenso el decreto del Govern que anulaba la convocatoria electoral, mientras estudia las impugnaciones y las alegaciones antes de tomar una decisión definitiva. Las partes tienen cuatro días para defender sus posiciones.
Mientras, y con un ojo en el TSJC y otro en la encuesta del CIS, el independentismo se echó las manos a la cabeza tras la resolución judicial y acusó a la justicia de querer «interferir» en las elecciones autonómicas y de querer hacer un traje a medida jurídico a los socialistas para que cuaje el ‘efecto Illa’.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tachó de «irresponsables» a los jueces del Alto Tribunal catalán, pues a su juicio mantener la jornada de votación el día de san Valentín obligará a la ciudadanía a elegir entre el derecho a la salud y el derecho al voto. El secesionismo lleva días cargando con dureza contra la justicia y ha encontrado un argumento para movilizar a su parroquia, algo desorientada ante las continuas peleas entre JxCat y ERC.
La coincidencia casi en el tiempo de la condena al consejero de Exteriores por el 1-O y la resolución sobre las elecciones, ambas decretadas por el TSJC, permitieron al independentismo unirse frente a la «represión» y recuperar las proclamas clásicas del ‘procés’. Gabriel Rufián habló incluso de «coalición electoral» entre el PSC y el TSJC.
Apoyan la celebración de las elecciones el 14 de febrero tanto el Gobierno central como hasta ahora la Fiscalía y el PSC. En cambio, el Govern y todos los demás partidos catalanes del arco parlamentario se han mostrado en contra y son favorables al aplazamiento al mes de mayo. La Generalitat aduce razones sanitarias para posponer la cita con las urnas, pues estamos en pleno pico de la tercera ola y porque la situación dentro de tres semanas puede ser «crítica», con las UCI al borde del colapso.
La administración catalana argumenta además que el no aplazamiento podría restar legitimidad a la votación, pues se calcula que en torno a 200.000 catalanes —contagiados o en cuarentena— podrían quedarse sin posibilidad de ir a votar. El Govern argumenta asimismo que Galicia y País Vasco también pudieron aplazar sus comicios, de abril a julio, obviando que en Cataluña no hay presidente de la Generalitat, que la comunidad catalana no tiene ley electoral propia y que Galicia y Euskadi aplazaron sus comicios sin anular la convocatoria y lo hicieron en un contexto de confinamiento domiciliario y sin que nadie interpusiera recursos.