El CGPJ acusa a PSOE y Podemos de no respetar la separación de poderes

La crisis institucional abierta por la falta de acuerdo parlamentario para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va en aumento. El choque de trenes entre los poderes del Estado ya no sólo incluye a las dos principales fuerzas en el Congreso, PSOE y PP, incapaces de llegar a un pacto para sacar de la interinidad —más de dos años ya— al gobierno de los jueces, sino que ha sumado también a la Cámara baja.

El motivo ha sido la negativa de la Mesa del Congreso, con los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos, a tramitar las demandas del Consejo respecto a la reforma que promueven estos dos partidos para limitar sus competencias. Un cambio legal que pretende retirar la potestad para nombrar a cargos jurisdiccionales estando en funciones, como ocurre en la actualidad.

El Pleno extraordinario celebrado ayer en el CGPJ fue convocado, precisamente, para dar respuesta al desaire de la Mesa, presidida por la socialista Meritxell Batet, con el órgano de gobierno del Poder Judicial. Diez de los 20 vocales del Consejo reclamaron esta reunión al presidente Carlos Lesmes y acordaron, por 16 votos a cinco, solicitar de nuevo al órgano rector del Congreso que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de PSOE y Unidas Podemos sin dar audiencia a las partes afectadas.

Una decisión que «no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes», advirtió el CGPJ.

«La falta de audiencia no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes», remacha el acuerdo suscrito por una mayoría cualificada de vocales y por el presidente Lesmes.

La propuesta que recibirá Batet también destaca que la negativa de los dos partidos a tramitar sus demandas «tampoco da oportunidad» al Consejo de informar sobre cómo puede incidir la norma en el correcto funcionamiento de la administración de Justicia. Y pone como ejemplo la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la necesaria renovación de las presidencias de audiencias provinciales y de los tribunales superiores y sus salas, que se están realizando en tiempo y forma con el Consejo en funciones.

El teléfono de Campo

Los vocales son conscientes de que el origen de esta discrepancia con el Congreso reside en la falta de acuerdo entre socialistas y populares para renovar el Consejo, en funciones desde diciembre de 2018. Hace dos semanas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su posición de negociador principal, reiteró que existe un preacuerdo y que solo falta anunciarlo. «Cada día espero que suene el teléfono y el PP diga: vamos a hacerlo público».

Y ayer el líder popular Pablo Casado volvió a insistir en las dos ideas que marcan su estrategia: Podemos no puede formar parte del acuerdo y quiere la promesa de una futura reforma para modificar el actual sistema de elección del CGPJ, vigente desde mediados de los años ochenta.

«Si dicen que van a reforzar la independencia, que no va a haber más expolíticos en el Consejo y que van a dejar que los jueces elijan a los jueces, habrá acuerdo», aseguró en una entrevista en La Sexta.

En todo este contexto ayer se conoció que, lejos de amilanarse por la confrotación con el CGPJ y la vigilancia de organismos europeos, el Congreso prevé celebrar el jueves 28 de enero una sesión plenaria para avanzar en la tramitación de la reforma legislativa de PSOE y Unidas Podemos.

La Mesa del Congreso estableció el lunes como fecha tope al primer plazo de enmiendas y, antes de que expire, Vox ya ha registrado un texto alternativo para abordar una reforma del sistema de elección del CGPJ para que los 12 vocales del mundo judicial sean seleccionados por los propios jueces, como defiende el PP.