Diario de León

El Supremo avala la política de extranjería del Gobierno

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Colpisa - MADRID.

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El Gobierno ha ganado la primera batalla judicial a las organizaciones de defensa de los inmigrantes en la disputa que mantiene con éstas a cuenta de su nueva política de extranjería. El Tribunal Supremo ha respaldado, de momento, la más cuestionada medida adoptada por el Ejecutivo para cerrar las vías a la regularización a miles de extracomunitarios: suspender de facto desde enero el denominado Régimen General de Extranjería, la posibilidad de que los millares de inmigrantes que se encuentran de forma clandestina en España puedan conseguir papeles al tener un contrato legal de trabajo. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido desestimar la petición de varias asociaciones de inmigrantes que el pasado marzo pidieron a los magistrados que suspendieran de manera cautelar el polémico acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre, que ordenaba a los funcionarios del Ministerio de Trabajo no admitir a trámite ninguna de las solicitudes de inmigrantes ''sin papeles'' aunque tuvieran una oferta laboral. Una decisión que dejó al cupo (contingente de trabajadores extracomunitarios) como única vía para conseguir la residencia legal en España, aunque sólo para los inmigrantes contratados en sus países de origen. Según el Tribunal Supremo, que todavía no resuelve sobre la cuestión de fondo (la legalidad o no de la medida adoptada), no procede dejar sin efecto el acuerdo del Ejecutivo simplemente porque se trate de una medida temporal (año 2002). Aún a sabiendas de que cuando la sala falle sobre este recurso el cupo y el régimen general del año 2002 habrán pasado y la sentencia no tendrá valor práctico alguno, la Sección Tercera no aprecia una ilegalidad flagrante que lleve a paralizar ahora la orden administrativa. Un fallo, el de revocar el acuerdo del Consejo de Ministros, que habría dejado sin efecto uno de los ejes de la nueva política de inmigración del Ejecutivo y que los juristas de los ministerios Interior y Trabajo contemplaban con cierto desasosiego.

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