Interior no llega a final de mes

El informe del consejo, pese a todo lo dicho, acompaña el proyecto de ley que libera los 64.283.447 millones de euros solicitados por el Ministerio del Interior. El propio órgano consultivo del Gobierno, pese a dar el visto bueno al crédito extraordinario para no dejar impagadas las facturas, recrimina sin ambages la contabilidad de Interior y, sobre todo, la reincidencia en los errores de cálculo. No es, ni mucho menos, la primera vez que los responsables de Interior (tanto del PSOE como del PP) recurren a la deuda pública para hacer frente a gastos más que previsibles. De hecho, en los últimos años raro es el ejercicio en que este departamento no recurre a los créditos extraordinarios: cinco veces en seis años. En 1996 fueron 309 millones de euros, en 1997 otros 53 millones, 58 millones en 1998 y más de 40 millones de euros en 1999. En total, en los últimos seis años Interior ha dispuesto de más de 527 millones de euros en créditos extraordinarios para pagar a sus acreedores. Una política de gastos que ha provocado un serio rapapolvo del Consejo de Estado. El análisis de las cuentas de Interior -sostienen los técnicos del órgano consultivo- «parece evidenciar la habitual práctica» de «distorsionar la naturaleza y alcance de las modificaciones presupuestarias, pensadas para hacer frente a necesidades extraordinarias y urgentes, normalmente imprevisibles». Advierte el consejo a los responsables de Interior que esta práctica contable no debe ser utilizada para lo que se está haciendo en la actualidad: «reconducir a cauces legales situaciones administrativas que no han debido producirse, en las que en su mayoría se dotan obligaciones de carácter ordinario y corriente». Falta de previsión Dice el Consejo de Estado que es precisamente la falta de previsión, y no la naturaleza de los gastos, la que hace que este tipo de partidas se tengan que aprobar de manera urgente, ya que la «demora producida» en los pagos de facturas corrientes puede provocar el «peligro» de que se «generen intereses». Pero las críticas a la extraña contabilidad de Interior van más allá. El Consejo de Estado, incluso cree que las cuentas del ministerio atentan contra la propia Ley 18 /2001 de Estabilidad Presupuestaria aprobada con los votos del PP y de Coalición Canaria a finales del pasado año. Según los expertos del consejo, los técnicos de Interior tendrían que tener en cuenta «la importancia que para la aplicación de dicha ley supone la correcta formación de los presupuestos, los cuales han de reflejar con absoluto rigor el gasto público y definir, en su caso, las situaciones de déficit que puedan producirse para hacerlas objeto de tratamiento adecuado». Pese a las críticas, el Gobierno sacó adelante este último crédito de 64 millones de euros el pasado 26 de septiembre en el Congreso de los diputados, si bien en la sesión se produjo una situación casi desconocida en la cámara baja: la oposición, con el PSOE a la cabeza, votó en contra de la concesión del polémico crédito extraordinario, aun a sabiendas de que de haber prosperado su iniciativa la Administración habría dejado a decenas de acreedores sin cobrar.