España pretende que Francia juzgue al etarra Zurutuza o lo extradite

Pese las dificultades jurídicas que presenta la situación de Zurutuza Sarasola, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a solicitar a los jueces de ese órgano que soliciten al Gobierno que tramite su petición de entrega, con el objetivo primordial de interrumpir el plazo de prescripción de sus posibles delitos con arreglo a la legislación española: 20 años para los actos terroristas. De esta forma, conseguirían mantener abierta la única de las cinco causas que se le imputan en España en la que aún existen posibilidades de juzgarle con arreglo al Código Penal. Se trata del asesinato de Enrique Cuesta Jiménez, delegado de Telefónica en San Sebastián, cometido el 26 de marzo de 1982. Zurutuza fue procesado por este crimen un año y medio después y declarado en rebeldía en julio de 1984, por lo que la causa sigue viva -es decir, no prescribirá- hasta el verano de 2004. Gracias a la petición de la Fiscalía, se logrará que si el sospechoso es detenido fuera de Francia hasta esa fecha, sea puesto a disposición de las autoridades españolas, que aún tienen vigentes cuatro órdenes internacionales de detención en su contra. No obstante, con arreglo a la legislación francesa todos los delitos que se atribuyen a Zurutuza habrían prescrito ya, pues sólo contempla el plazo de 20 años para hechos cometidos desde febrero de 1995. En cambio, la circunstancia de que haya adquirido la nacionalidad francesa tras casarse con una ciudadana de este país es considerada en la Audiencia Nacional sólo como un problema menor, ya que cuando se cometieron los asesinatos que se le atribuyen era español a todos los efectos. Asimismo existe la posibilidad de juzgarle en Francia por los delitos que España le imputa. Zurutuza permanecerá bajo «libertad controlada», medida algo más severa que la que pesaba sobre el dirigente etarra Alberto López de la Calle Gauna, alias Mobutu, antes de su huida en noviembre del 2000 del hotel de la localidad francesa de Aubusson donde estaba confinado. Pese a este antecedente, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que «no hay ninguna posibilidad» de que el sospechoso pueda huir a otro país, ya que se encuentra vigilado «y no está en una situación de normalidad, en el sentido de que pueda desplazarse libremente». Aparte de la reclamación de Zurutuza, de quien la Policía española sospecha que pudo utilizar su puesto como gerente de la empresa de importación «Olabe Distribución» para contactar con miembros de ETA huidos a distintos países americanos, la Fiscalía también pretende la entrega de los dos únicos sospechosos que se encuentran encarcelados en Francia tras la operación llevada a cabo en Hendaya. Se trata de Ricardo Pujana Alberdi y Antonio Zelaia Otaño, el primero con varias condenas pendientes de cumplir en España y el segundo reclamado por el asesinato de un taxista en 1978.