Mossos, empresarios y sindicatos estallan ante la escalada de violencia en Barcelona

La novena noche de disturbios en Barcelona para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél se saldó el sábado con catorce detenidos. Entre ellos, el presunto responsable del ataque incendiario a una furgoneta de la Policía local de Barcelona con un agente en su interior. El policía municipal pudo salir del vehículo sin heridas, pero el incendio pudo haber causado una tragedia. Además del ataque a la furgoneta policial, destrozaron una entrada de un hotel, una sede bancaria y practicaron el pillaje en diferentes establecimientos comerciales.

Ayer, el día después de los disturbios, buena parte de las organizaciones políticas, empresariales y sindicales se echaron las manos a la cabeza y pidieron que se condene la violencia sin paliativos. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, anunció reuniones para hoy con el presidente en funciones, Pere Aragonès, la consejera Meritxell Budó y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para reforzar la seguridad.

Los miembros del Ejecutivo catalán, inmersos en una negociación para formar un nuevo Gobierno, han tardado quince días en reaccionar. La condena casi general puso ayer en el punto de mira a la CUP, convocante de la protesta del sábado, y la formación que a través de Arran, su rama juvenil, ejerce presión con las movilizaciones. Aprieta desde la calle unas negociaciones para pactar un nuevo Govern que se han tensado con la escalada violenta de las protestas. Los anticapitalistas fueron, de hecho, los únicos que se pusieron de perfil a la hora de condenar el ataque a la furgoneta de la Policía Urbana, calificado por los sindicatos policiales como «terrorismo callejero».

ERC acordó con la CUP días atrás cambios en el modelo policial, como gesto hacia los anticapitalistas para un lograr su apoyo a la investidura de Aragonès. La CUP reclama la eliminación de las balas de foam y la supresión de la unidad antidisturbios. Tanto ERC como JxCat se habían mostrado receptivos con los antisistema, cuyos nueve escaños son decisivos para formar un gobierno de ERC y Junts.

El consejero de Interior, a quien los sindicatos policiales acusan de haber dejado al cuerpo solo, salió en defensa de la Policía catalana y advirtió que la supresión de la unidad de antidisturbios, como pide la CUP, no es negociable. «No se puede suprimir la Brimo», avisó en Rac-1.

Aragonès guardó ayer silencio. El sábado evitó la comparecencia pública pero señaló a través de Twitter que siempre estará al lado del ejercicio de las libertades de forma pacífica, «nunca de los actos vandálicos y la violencia».

Grupo de 200 violentos

La Consejería de Interior apuntó a un grupo de unos 200-300 jóvenes como los autores de las algaradas en el centro de Barcelona. «Es violencia pura y dura, sin límites e inaudita», dijo el consejero. «La violencia está desbocada», afirmó tras varios días sin salir en apoyo de su policía.

La indignación en el cuerpo va en aumento y los agentes se sienten moneda de cambio en la negociación para la formación del nuevo ejecutivo. «¿El cambio de modelo policial empieza por intentar matar policías quemándolos?», denunció el sindicato de los mandos de los Mossos, que subrayó que la CUP convocó la protesta del sábado.

El sindicato de agentes municipales Sapol anunció que se personará como acusación contra el grupo responsable de quemar la furgoneta. «Han pasado todas las lineas rojas. Y los políticos cuestionando que el problema es el modelo de orden público. ¿Ha de morir un policía para que dejen de hacer el inmenso ridículo?», reprocharon también los sindicatos de los Mossos.

La negociación con la CUP se tensa y también entre Junts y ERC para ver quien asume el polvorín de la Consejería de Interior. El PP, mientras, aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pues a su entender hay una parte del Ejecutivo, Podemos, que alienta las manifestaciones violentas y la otra parte, PSOE, se mantiene en silencio para no molestar a sus socios independentistas. El PP habló de «terrorismo callejero» y exigió al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque «de urgencia» la Junta de Seguridad de Cataluña para que coordine la respuesta las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña.