Los Mossos culpan de la violencia en Cataluña a la Cup y a anarquistas
El ‘Govern’ y el Ayuntamiento de Barcelona celebraron ayer una reunión al más alto nivel para lanzar un mensaje de unidad institucional y de rechazo a la violencia, tras los altercados vividos el sábado pasado en la capital catalana, en la que un grupo de manifestantes incendió una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente en su interior. Tras el encuentro, el titular de Interior, Miquel Sàmper, apuntó contra grupos anarquistas y a las juventudes e la Cup, Aran, como los presuntos responsables de las algaradas del sábado pasado. Hubo catorce detenidos, de los cuales siete formarían parte del movimiento anarquista: cinco personas que son de nacionalidad italiana, uno francés y otro español. Los responsables del ataque incendiario a la furgoneta podrían enfrentarse a un delito de tentativa de homicidio. Desde el inicio de los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, la Policía catalana ha detenido a un total de 140 personas.
Además, la Fiscalía de Cataluña presentó ayer una querella criminal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y tres miembros de la mesa, todos ellos dirigentes de ERC y Junts, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. La denuncia es por un delito de presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. La Fiscalía considera que Torrent y los otros miembros independentistas de le mesa pudieron cometer un delito de desobediencia cuando permitieron la tramitación, debate y votación de dos resoluciones de octubre de 2019, que reivindicaban la autodeterminación y proponían la reprobación de Felipe VI. La Fiscalía insta a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que les cite como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional. Si acabaran condenados, serían inhabilitados de los cargos públicos que ocupen en ese momento.
Ayer, la Abogacía preguntó si Junqueras pagó los gastos del 1-O para su indulto. Los servicios jurídicos del Estado reclaman para su informe el procedimiento del Tribunal Cuentas sobre los 4,1 millones que costó el referéndum ilegal.