Llarena aprovecha el fin de la inmunidad de los fugados para reactivar la euroorden

La decisión del Parlamento europeo de suspender la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí abre un nuevo horizonte procesal para tramitar su entrega al Tribunal Supremo, donde están procesados por la causa del ‘procés’. La decisión del pleno de la cámara de Bruselas ha obligado al juez Pablo Llarena a mover ficha. El instructor del ‘procés’ planteó este martes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra los procesados, después de que la Justicia belga se negara a entregar al exconseller Lluis Puig hace unas semanas. Llarena, que ya había planteado esta posibilidad a las partes recibiendo el apoyo de la Fiscalía, busca que el TJUE determine las razones por las que se puede rechazar una orden de detención y entrega europea. Entre otras cosas, el magistrado ha pedido a la corte de Luxemburgo que establezca si la autoridad judicial de ejecución, los tribunales belgas en el caso de Puig, puede cuestionar la competencia de la autoridad judicial de emisión, el Supremo español, para actuar en la causa penal concreta.

De forma paralela, fuentes jurídicas del alto tribunal señalaron que el juez esperará a que la Eurocámara le comunique oficialmente que ha retirado la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí para solicitar a la Justicia belga que reactive las euroórdenes. En suma, Llarena quiere involucrar al TJUE para que, en caso de que le dé la razón, corrija la posición de los tribunales belgas, que han venido rechazando la tramitación de la euroórdenes durante estos últimos años.

En la Sala Segunda del Supremo consideran que sus colegas belgas se han excedido en la aplicación de la OEDE, un mecanismo de confianza mútua. Roces desde 2018 El simple traslado de la cuestión prejudicial ya obligaría al Parlamento europeo a paralizar el procedimiento hasta que la corte de Luxemburgo se pronuncie. Los roces entre la justicia belga y española se remontan a 2018, cuando rechazaron por primera vez la entrega de los exconsellers fugados. Desde entonces, han respondido con una negativa tras otra ante las peticiones de entrega, la última en enero: la Fiscalía se negó entonces a recurrir la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia la extradición de Puig por un delito de malversación.

Pero ante la posibilidad de que la historia se repita con Puigdemont, al que piden entregar por sedición y malversación, Llarena quiere que el TJUE se pronuncie.

El juez busca que la corte de Luxemburgo establezca criterios estables que le permitan mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención contra todos o algunos de los procesados por el ‘procés’. Todo ello a partir de la interpretación del Derecho de la Unión y las normas establecidas en torno los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

No es la primera vez que el Supremo lanza una cuestión prejudicial en relación con esta causa. En julio de 2019, el alto tribunal atendió la petición de Oriol Junqueras y trasladó la consulta sobre el alcance de su inmunidad y, en concreto, sobre la concesión del permiso extraordinario de salida de prisión que solicitó para cumplir con los trámites de eurodiputado En diciembre de ese año el órgano supranacional dio la razón al líder de ERC, pero entonces Junqueras ya había sido condenado a 13 años de prisión y su excarcelación quedó descartada.