El Estado rechaza posicionarse sobre el indulto a los presos del ‘procés’
La Abogacía del Estado remitió ayer su informe al Supremo sobre los indultos a los condenados por el ‘procés’ secesionista en Cataluña. El órgano dependiente de Justicia no se ha pronunciado sobre su apoyo o rechazo a la concesión de la medida de gracia y tampoco ha valorado el delito de sedición, pese a que en el juicio defendió estos hechos que, a la postre, fueron confirmados por la sentencia.
La responsable del departamento de Penal, Rosa María Seoane, sólo ha apreciado en su escrito de 12 páginas las consecuencias del delito de malversación de caudales públicos, y tan solo para cuatro de los 12 condenados: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. La razón esgrimida por la Abogacía es que se personó inicialmente en el ‘procés’ por el perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas.
Como representante legal del Ministerio de Hacienda en la causa, pese a que también incluyó la sedición en su escrito de acusación a diferencia de la Fiscalía del Supremo, que defendió sin éxito la rebelión desde la querella que originó el procedimiento penal.
En su informe, sin embargo, el Ministerio Público sí rechazó la petición del indulto tras examinar el delito de sedición (contra el orden público). Para ello, alegó que los condenados no habían mostrado perdón ni arrepentimiento y que, por el contrario, mantienen intacta su intención de reincidir por sus pronunciamientos públicos.
En cambio, la Abogacía se ha puesto de perfil y sólo analiza de forma parcial la malversación. El resultado, como era de esperar, es que confirma que los cuatro presos referidos han hecho frente a la responsabilidad pecuniaria derivada de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En total, 4.146.247 euros, divididos en 3.903.294 euros «de daños ocasionados a fondos públicos» y 242.980 euros en intereses, según certifica el acta de liquidación del 28 de enero de 2020. Un mes después, una providencia ratificó la entrega de la fianza. En consecuencia, sostiene el informe, tanto el Tribunal de Cuentas como la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda «confirman que ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico a las arcas públicas.