2.500 jueces piden la intervención de la UE para salvar el estado de derecho
Denuncian que la «intromisión política en el Poder Judicial» compromete su imparcialidad
Pedro Sánchez ayer, en un foro de debate organizado en Madrid. OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Tres de las cuatro asociaciones judiciales de España han remitido un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en el que denuncian el «riesgo de violación grave» del Estado de derecho en España por las últimas reformas legislativas que afectan a la independencia judicial.
Los colectivos firmantes representan a unos 2.500 jueces de la carrera, casi la mitad del total, y solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas ante este intervencionismo político. Entre ellas, citan el inicio de procedimiento del artículo siete del Tratado de la Unión Europea (TUE). Este recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de derechos de voto en el Consejo Europeo.
Solicitan también que tome conocimiento de su escrito acerca de la reforma del Gobierno de coalición sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debido a la reforma que impide el nombramientos de jueces estando este órgano en funciones y su «colonización por los partidos políticos». Una instrumentalización que afecta a la actividad gubernativa del Consejo, «disciplinaria, promoción y formación», y con ello a su «independencia e imparcialidad», señalan.
Sistema «inconstitucional»
A juicio de los firmantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)—, esta actuación pone en riesgo el Estado de derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión».
Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno a que lleve a cabo las reformas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la UE.
En la misiva, explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 20 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los consejeros atendiendo a su representación parlamentaria, algo que no ocurre ahora.
De ahí que abogan por reformar el actual sistema de nombramiento, que data de 1985.