El Gobierno redobla el traslado de los presos de ETA a cárceles vascas

Uno de cada cuatro presos de ETA cumple ya su condena en cárceles del País Vasco. Con el traslado el viernes de Mikel Arrieta Llopis (con cuatro asesinatos a sus espaldas) y de José Ignacio Bilbao Gaudeba (que formó parte del comando Bizkaia), a las prisiones vascas de Martutene y Basauri, y la concesión del tercer grado a Luis Carrasco Asenginolaza, condenado por el asesinato del que fuera director financiero de ‘El Diario Vasco’ Santiago Oleaga, el Gobierno de Pedro Sánchez ya acumula 216 acercamientos desde su llegada al poder en junio de 2018, que se corresponden con 179 presos de la banda terrorista (algunos han sido trasladados en varias ocasiones). De ellos, 89 tienen delitos de sangre a sus espaldas.

El Ministerio del Interior lleva efectuando estos movimientos a cuentagotas y, por norma general, cada viernes, en función de las propuestas de las juntas de tratamiento de las cárceles, que analizan el comportamiento de los internos. Una política con la que se espera vaciar en pocas semanas las prisiones del sur de la península (que se encuentran a más de 500 kilómetros del País Vasco) de reos de la banda. No en vano, el colectivo Etxerat, que agrupa a familiares de presos de ETA, celebra que hasta un 73% de los mismos cumplen ya sus condenas en prisiones situadas a menos de 400 kilómetros. Un 20% cumplen sus penas en las cárceles del País Vasco y Navarra, según la asociación.

El Partido Popular recela de estos movimientos y los circunscribe a que «el Gobierno está pagando su apoyo a EH Bildu», como afirmó el presidente de la formación, Pablo Casado, hace tres semanas, cuando se anunció el trasladado de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa. Sin embargo, desde Moncloa niegan tajantemente que esté relacionado con contrapartidas de corte político.

Una sospecha que también comparte la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que se muestra muy crítica con los acercamientos. «Supone una segunda victimización para los familiares con el dolor añadido que esto supone», explican en su web, al comentar los traslados producidos el viernes.

Según el colectivo, cada vez que esto se produce, su departamento psicosocial tiene que comunicar el hecho a los familiares, «a veces con muy poco tiempo de antelación».

Para Etxerat, en cambio, la dispersión de los presos de la banda terrorista es una condena extra para los familiares de los reclusos, que a veces tienen que viajar más de 1.000 kilómetros para visitar a sus familiares. Desde este colectivo, sin embargo, usan un lenguaje peculiar para definir a los internos, a los que denominan «refugiados» y «deportados».

«No se confundan. Estos presos etarras no son refugiados ni deportados, ni están en el exilio por razones políticas. Son terroristas, son asesinos», lamentan desde la AVT.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, niega que existan razones de tipo partidista y enmarca la actual política penitenciaria de traslados en el cumplimiento de la legalidad. También recuerda que son las juntas de tratamiento de las cárceles las que proponen los acercamientos.

Ortiz cifra en el 13% las decisiones favorables sobre presos de ETA que ha adoptado el organismo dependiente del Ministerio del Interior sin coincidir con el criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles, una cifra «exactamente» igual que en el resto de condenados con privación de libertad, sostiene.

Competencias en Prisiones

Todo esto sucede a pocos días de que el Gobierno traspase las competencias en materia de Prisiones al Ejecutivo vasco, que se materializará en una reunión fijada para el próximo 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias, pero no se hará efectivo hasta el 1 de octubre. Ese día, las cárceles de Martutene (Guipúzcoa), con alrededor de 260 internos; Basauri (Vizcaya), que cuenta con unos 300 reclusos; y Zaballa (Alava), que sustituyó en 2017 a Nanclares de la Oca, y donde conviven unos 700 reos; pasarán a manos vascas.

El Ejecutivo que dirige Íñigo Urkullu podrá flexibilizar el cumplimiento de las condenas o conceder el tercer grado, una situación comparable a la que sucede en Cataluña, desde que la Generalitat asumió las competencias en 1983. Aunque la potestad de decidir el traslado de reclusos permanecerá en manos del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Esta situación despierta algunos recelos en torno a que el sistema de prisiones vasco pueda favorecer a los presos de ETA. Desde el Gobierno de la comunidad, en cambio, mantienen que cualquier decisión de reclasificación de un recluso «siempre» estará sometida al control judicial. Un derecho de recurso al que también pueden acceder el propio preso o la Fiscalía, en caso de que discrepen con el sentido de los informes.

En la AVT, por su parte, avisan de que estarán «más que vigilantes para ver qué repercusiones puedan tener este tipo de decisiones en las víctimas del terrorismo», cuando el traspaso de competencias se produzca.