Así cayó la ‘congregación’ del ‘molt honorable’ Pujol

«Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás». Septiembre de 2014. Las palabras de Jordi Pujol sonaron a amenaza subliminal en el Parlament. El otrora ‘molt honorable’ compareció ante los diputados dos meses después de confesar por escrito que había ocultado dinero en el extranjero durante 34 años. «Puede ser criticado, pero no presupone que sea ilícito ni que haya salido del erario público. No he sido un político corrupto», defendió Pujol, que protagonizó un epílogo crispado y agrio a su dilatada carrera como presidente de la Generalitat (1980-2003).

La revelación de que tenía fondos en Andorra procedentes de una herencia de su padre Florenci —140 millones de pesetas en 1980, poco después de su primera investidura— nunca se sostuvo pese a los denodados intentos por justificarla. Ni sus antiguos compañeros del grupo nacionalista ni ahora la Audiencia Nacional, que esta semana confirmó la investigación que llevará a toda la familia Pujol Ferrusola al banquillo por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, le han dado credibilidad a la tesis del rendimiento de aquel legado.

En contraposición, tanto el juez instructor de la causa, José de la Mata, como la Sala de lo Penal han resuelto de forma indiciaria que Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos han aprovechado su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana «para acumular un patrimonio desmedido —se estima en 290 millones de euros—, directamente relacionado con percepciones derivadas de actividades corruptas». Esto es lo que deberá probar la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores policiales de la Udef ante el tribunal juzgador.

Pero, ¿cuando se segó la primera rama que hizo caer a la «congregación» Pujol-Ferrusola? La justificación de la herencia del abuelo Florenci no fue sino un desesperado intento del expresidente de colocar su relato y controlar los daños de lo que llevaba dos años gestándose, con la llamada ‘policía patriótica’ pisándole los talones, según se desprende del sumario del caso Villarejo.

Febrero de 2012. Con la economía española exhausta tras una larga recesión, Artur Mas, delfín de Pujol, comenzó a negociar con el presidente Mariano Rajoy un pacto fiscal para Cataluña. Siete meses después volvieron a verse en la Moncloa. No hubo acuerdo. Este desencuentro supuso el inicio de la crisis política que desembocó en el ‘procés’ secesionista de 2017.

El principal ariete que utilizó el Gobierno para contrarrestar el movimiento independentista fue la ‘policía patriótica’, comandada por el comisario Eugenio Pino. Sus hombres tenían una consigna irrenunciable: «A quien levanta el dedo lo investigamos». Pino dio orden a José Manuel Villarejo para que se desplazara a Barcelona y poner en marcha la operación Cataluña. El objetivo era conseguir información sensible y pruebas de corrupción que pudieran afectar a líderes catalanes y mermar así el poder de persuasión en la ciudadanía. Y Pujol era el nombre principal. Un jaque mate al expresidente sería el fin del independentismo, pensaban en la cocina de la Moncloa.

«Esperemos que ahora nos podamos personar en la Audiencia como perjudicados por lo que le hizo Villarejo a mi familia enviado por (el exministro del Interior) Jorge Ferández Díaz», cuenta uno de los hijos de Pujol al detective Francisco Marco en el libro ‘La España Inventada’. Villarejo captó a una examante de Jordi Pujol Ferrusola —el «capellán de la parroquia», según le denominaba Marta Ferrusola, «la madre superiora de la congregación»— para que dijera lo que él quería que dijera. Y esa declaración de Victoria Álvarez, con la mediación del financiero Javier de la Rosa, sobre la ingentes cantidades dinero en metálico que movían a Andorra abrió la puerta para su investigación judicial.

Entre medias llegaron los informes policiales sin membrete sobre los negocios familiares en paraísos fiscales. Se abrió una ‘casus belli’ con el altavoz de la pata mediática de Villarejo. En noviembre de 2012, Álvarez recibió un mensaje de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy: «Si dieses una entrevista salvarías España».

La otra vertiente que acabó por tirar el nido estaba en Andorra: la presión a los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada (BPA), para que facilitaran datos sobre las cuentas de los Pujol Ferrusola. Su resistencia no tuvo efecto. En marzo de 2015 Andorra interviene BPA tras un informe del Departamento del Tesoro de EE UU que le acusaba de canalizar dinero del crimen organizado. El secreto de los Pujol se había revelado.