El fin del estado de alarma reaviva el choque entre Moncloa y Madrid

No hay tregua. El choque institucional entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid a cuenta de la pandemia, lejos de perder intensidad, se recrudece.

Isabel Díaz Ayuso sigue en el punto de mira de la Moncloa, que ayer la responsabilizó de la decisión de Reino Unido de excluir a España de los países a los que es seguro viajar. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, sugirió en el Congreso que pese a los esfuerzos que ha realizado el Ejecutivo para trasladar confianza respecto a la situación pandémica, la estrategia se ha visto obstaculizada por el discurso sobre la libertad que la candidata del PP ha insuflado durante la campaña electoral.

Para la jefa de la diplomacia española, no hay ninguna duda de que el mensaje de Díaz Ayuso ha influido de forma decisiva en el veto de Londres. «De repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, irse de cañas o a los toros» mientras sus cifras de contagios son «de las peores», defendió durante la sesión de control al Gobierno.

La respuesta no se hizo esperar y Ayuso aprovechó su primera comparecencia tras ser reelegida en las urnas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de «criminalizar» la forma de vida «a la madrileña» y de llevarla «casi a un esperpento». Para la mandataria regional el problema que tienen los turistas británicos para no elegir España como destino vacacional es el aeropuerto de Barajas sobre el que, en su opinión «hay un vacío absoluto en cuanto a la información y el trabajo que se está haciendo para frenar la pandemia».

La líder conservadora confronta con el Ejecutivo central por la supuesta falta de controles en Barajas desde el verano pasado, cuando reclamó que se pidieran PCR negativas a todos los viajeros que aterrizaran en la capital, o la suspensión de vuelos desde los países más golpeados por la enfermedad. «Ha habido una absoluta falta de transparencia», insistió Ayuso, antes de anunciar que impulsará en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre la influencia que ha tenido en la expansión de la covid la llegada de contagiados por el aeródromo.

Pero no fue el único encontronazo del día. El otro rifirrafe al más puro estilo de Pimpinela —el famoso dúo musical que escenificaba peleas en sus canciones— lo protagonizaron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la nueva delegada del Gobierno, Mercedes González. En la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron para establecer un dispositivo conjunto contra los botellones en la capital, ambos dirigentes se enzarzaron por las medidas anticovid tras decaer el estado de alarma.

El regidor arremetió contra el «espantajo jurídico» que ha provocado el fin de la excepcionalidad, que ha dejado a los Gobiernos autonómicos desarmados a expensas de lo que decidan los tribunales de justicia. «Bueno, pues se acabó la cordialidad», apuntó entonces la delegada del Gobierno, que respondió a los golpes con otros. «Ya sabes que cuando me dan —avisó a Almeida— respondo».

González, con la que el alcalde ya ha protagonizado algún encontronazo cuando esta era concejal, aseguró que «el carajal está en la Comunidad de Madrid» y acusó al Ejecutivo regional de estar «escurriendo el bulto» después de que le reclamase hace tres días a Ayuso que prolongara el toque de queda para evitar las aglomeraciones que se vieron en las calles la noche del sábado pasado. «Cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses recoge libertinaje», remachó ante un Almeida contrariado, que lejos de bajar los decibelios lamentó la «inacción» del Gobierno de Sánchez y el «cachondeo» con el que abre ahora la puerta y anima a los territorios a pedir un estado de alarma a la carta. «Los españoles —zanjó— no se merecen esto».