Hacienda inspecciona a Juan Carlos I y los cinco millones que regularizó

La Agencia Tributaria ha notificado al abogado de Juan Carlos I la apertura de una inspección para verificar las dos regularizaciones voluntarias que ha llevado a cabo el rey emérito desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo le abrió diligencias de investigación en junio de 2020, según confirmaron fuentes de la investigación.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que ha destinado peritos en auxilio judicial a las diligencias dirigidas por el fiscal Juan Ignacio Campo, da este paso para examinar si las aportaciones tributarias realizadas por don Juan Carlos son correctas; es decir, veraces y completas.

Por este motivo, los funcionarios han pedido información al contribuyente relativa a la procedencia del dinero de estas dos entregas: casi 700.000 euros en la primera y cerca de 4,4 millones de euros en la segunda.

Desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) recuerdan que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya advirtió en marzo que con estas regularizaciones «no terminaba ningún proceso», sino que se actuaría para comprobar que este movimiento era «completo y veraz». En suma, comentan en Hacienda que es habitual que estas aportaciones se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar su veracidad. Y, en el caso de que para hacer esa comprobación no baste con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección, que es lo que ha ocurrido ahora con el rey emérito.

La alusión del abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, de que las dos regularizaciones se realizaron «sin requerimiento previo» de Hacienda es importante para entender las consecuencias penales para el contribuyente de aflorar cinco millones de euros.

La defensa se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal. Un precepto que permitiría al exjefe del Estado quedar exento de incurrir en posibles delitos fiscales. Y es que, según el citado artículo, queda libre de responsabilidad penal «el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la administración la iniciación de actuaciones de comprobación».

Y esto es, sobre el papel, lo que habría ocurrido con el anterior monarca.

Juan Carlos I realizó en diciembre un pago a Hacienda de 678.393 euros y dos meses después, en febrero, aportó otros 4,4 millones de euros, incluyendo demoras y recargos, gracias a los préstamos de una decena de amigos.

Esta última liquidación se llevó a cabo por los pagos para gastos personales (viajes, estancias hoteleras y otros servicios) realizados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Alvaro de Orleans-Borbón, más allá de junio de 2014. Es decir, después de que el padre de Felipe VI abdicara y perdiera el caparazón de la inviolabilidad constitucional que le protegía.

Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la examante de don Juan Carlos, la empresaria germanodanesa Corinna Larsen, que declaró que éste le había comentado el cometido de dicha fundación. No obstante, De Orleans-Borbón ha negado que fuera una sociedad pantalla para esconder el dinero de su pariente.

«No soy el testaferro de don Juan Carlos; soy el único propietario de la fundación», manifestó el entorno del aristócrata en febrero pasado a tras conocerse la segunda regularización. La primera aportación al fisco, en cambio, se refiere al uso de tarjetas de crédito por parte de varios familiares del emérito para gastos personales.