Un consejo de adolescentes y niños fiscalizará la política de menores española
España tendrá este año el primer órgano asesor formado por niños y adolescentes. Aconsejará y fiscalizará al Gobierno en todas las políticas que afecten a los menores. El mandato para su puesta en marcha quedó incluido hoy en la ley de la Infancia. Fue una de las enmiendas incorporadas por la norma en su paso por el Senado, cuyo pleno aprobó prácticamente por unanimidad el texto definitivo, que entrará en vigor en cuanto lo ratifique el Congreso.
Los senadores, a propuesta del PSOE, dieron al Gobierno un máximo de seis meses para crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sobre finales de junio, por lo que el consejo debe estar constituido para las navidades.
Pretende ser el cauce que garantice la participación infantojuvenil en el proceso político, una demanda de la Convención de los Derechos del Niño y de la ONU. Los miembros del comité podrán presentar iniciativas al Gobierno y tendrán que ser consultados sobre todos los planes, programas y políticas nacional. La ley impide las exploraciones genitales a jóvenes inmigrantes y prohíbe las ataduras y limita al máximo el uso de la fuerza en los ces que afecten a la infancia, además de vigilar y evaluar su aplicación.
PONER COTO A LOS ABUSOS
El Senado aprobó la ley de la Infancia, que aspira a poner coto a decenas de miles de casos de maltrato, acoso escolar o abusos sexuales que cada año sufren los menores españoles, con el mayor consenso de la legislatura. Con la única oposición de los tres senadores de Vox, la norma fue respaldada por el 98,85% de los miembros de la cámara, un apoyo rozando la unanimidad e incluso superior al 75% de los escaños logrado en el Congreso.
El Senado, a propuesta de la mayor parte de los grupos de la cámara, introdujo ayer un nuevo apartado en la ley con el que pretende que nadie, y especialmente los medios de comunicación, puedan violar los derechos de los niños víctimas mortales de delitos violentos y sus familias, como ha ocurrido hace pocas semanas con Gabriel Cruz, el Pescaíto, el pequeño asesinado por la novia de su padre en 2018.