El Gobierno abona el terreno para dar los indultos a los presos del ‘procés’

No será antes de mediados de junio, pero el momento para resolver sobre los indultos de los doce líderes del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo hace cerca de año y medio se acerca y el Gobierno sigue lanzando señales que apuntan a su concesión. La última fue emitida ayer por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. A pesar de rehusar pronunciarse sobre el fondo del asunto, defendió que la medida de gracia está prevista en la ley y argumentó que, como «instrumento previsto normativamente», hay que verlo «con naturalidad».

Campo, protagonista de un desayuno informativo del foro Nueva Economía, volvió a dejar claro también que lo que el Ejecutivo decida para unos reos independentistas no tiene por qué aplicarlo a otros. «Cada expediente —subrayó— tendrá su propia vida». De los doce condenados, el que mayores penas acumula es el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, para el que el Supremo decretó trece años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación. Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, consejeros de Empresa, Gobernación y Justicia, solo fueron condenados por desobediencia y aunque quedaron inhabilitados para el ejercicio de un cargo público por un año y ocho meses, no fueron castigados con penas de prisión.

A lo largo de los últimos meses, han sido varias las ocasiones en las que distintos miembros del Ejecutivo han dado pistas, en todo caso, de sus intenciones. Cuando la Fiscalía dio a conocer sus informes desfavorables al perdón y advirtió de que el indulto no es una medida concebida para «satisfacer intereses políticos coyunturales», varios ministros se lanzaron a criticar sus apreciaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo incluso recordó que el Consejo de Ministros no está obligado a seguir ni esas recomendaciones ni las del tribunal sentenciador que, en principio, podría pronunciarse esta misma semana después de varios meses en los que ha recabado la opinión de todas las partes implicadas.

Coste político

El más claro en su posición favorable a indultar a los impulsores del ‘procés’ —que, por otro lado, no sólo no han solicitado el perdón sino que en algunos casos, como el de Jordi Cuixart, han hecho declaraciones desdeñosas sobre él y ha asegurado que volverían a hacer lo que hicieron— ha sido hasta la fecha el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Ya como primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña lo defendió abiertamente, pero también como miembro del Ejecutivo comparó en una entrevista en ‘El País’ su eventual concesión con la legalización del PCE por parte de Adolfo Suárez.

Del mismo modo, en una entrevista en ‘La Vanguardia’, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, defendió en diciembre que «el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia».

En todo caso, lo que se haga se hará pasado el 13 de junio, la fecha en la que se celebran las primarias en Andalucía. Pedro Sánchez sabe que PP, Vox y Ciudadanos cargarán contra él, como ya hicieron ayer a raíz de las palabras de Campo. Y está dispuesto a oír sus reproches.

Pero a quien no quiere dar bazas es a Susana Díaz en la batalla interna contra su candidato, Juan Espadas.