Sánchez avanza hacia los indultos y sume en una gran inquietud al PSOE y al Gobierno

La decisión de Pedro Sánchez de hacer clara su predisposición a conceder el indulto a los doce líderes del desafío independentista de 2017 condenados por el Tribunal Supremo ha provocado una intensa sacudida en el PSOE.

El grueso del partido —con contadas excepciones, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page— asumirá la estrategia gubernamental y se limitará a rumiar en silencio sus temores, pero nadie, sobre todo en determinados territorios, niega su preocupación por el desgaste que la medida puede producir en un momento, además, en el que el PP se siente especialmente fuerte.

En Ferraz comparten que la apuesta es delicada y puede conllevar un alto coste político, pero confían en que la división interna no lo haga aún más difícil. El riesgo, parece, de momento, controlado. Los únicos que han expresado su oposición a que se conceda el perdón a los responsables de lo que, en su día, la propia vicepresidenta Carmen Calvo calificó como un «golpe a la Constitución y al estatuto de autonomía», han sido hasta ahora el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el expresidente Felipe González y García-Page. Pero los dos primeros lo hicieron el miércoles de manera moderada.

La situación dista mucho, por el momento, de ser tan explosiva como la que vivió la formación en febrero de 2019, cuando, en plena negociación de los Presupuestos y en un intento de alargar la legislatura, el Gobierno resultante de la moción de censura contra Mariano Rajoy aceptó en un documento abrir un diálogo con la Generalitat supervisado por un «relator».

Esa es la única vez, desde que Sánchez ganó las primarias contra Susana Díaz, en la que realmente el partido se revolvió contra su líder. Hasta el punto de Moncloa se vio obligada a rectificar y el presidente se resignó a dar por finiquitado su mandato.

En esta ocasión, la incomodidad es más contenida. También es cierto que entonces las autonómicas estaban a la vuelta de la esquina y ahora en cambio a casi todos los presidentes, también a Sánchez, les quedan dos años de legislatura, lo que atempera el temor al castigo en las urnas.

Fernández Vara, que pese a no haber apoyado a Sánchez en las primarias suele acatar sus decisiones por cultura de partido, sí sucumbió aun así el miércoles a la tentación de publicar un tuit tras conocer el duro informe del Supremo contra la gracia gubernamental: «Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia —añadió— no se resolverán mientras nadie quiera». Ayer, sin embargo, renunció a hablar más del tema.

González también dejó claro, en una entrevista en ‘El Hormiguero’ que «en estas condiciones» él no concedería el indulto porque no ve disposición en los penados a acatar la ley, pero igualmente evitó echar las patas por alto ante la previsible decisión del Consejo de Ministros.

García-Page, en cambio, fue contundente y avisó de que, a su juicio, indultar a quienes «pervirtieron a sabiendas y a conciencia el orden constitucional» sería un «grave error de la democracia» porque no han dado la más leve señal de no querer «volver a las andadas», al contrario.

«Desde mis más profundas convicciones constitucionales y desde mis convicciones socialista deseo, con toda mi alma y toda mi fuerza, que no se tome esa decisión», enfatizó ayer.

Que no eleven la voz, sin embargo, no quiere decir que otros dirigentes no vean con preocupación lo que está por venir. El jefe del Ejecutivo se está ahorrando las advertencias tanto de un crítico habitual, el presidente de Aragón, Javiér Lambán, aún convaleciente de una operación por el cáncer de colon que padece, como de la líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que, inmersa en la batalla de las primarias en su federación, no quiere hacer la más mínima declaración que recuerde su papel de ‘reina mala’ que hacía la vida imposible al hoy presidente (una de las claves de su derrota en la guerra interna de 2017). Pero entre los fieles también hay inquietud.

No es anecdótico que el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, miembro de la ejecutiva de Sánchez, se lanzara a escribir sobre el asunto.

Elorza avisó de que la decisión dará «problemas» y que para ayudar efectivamente a «crear condiciones para la convivencia democrática en Cataluña» el presidente debería explicarla «ya» y «con claridad» en el Congreso, y los secesionistas deberían «colaborar en normalizar la vida política y no despreciar la medida».

Los únicos que hasta ahora han salido a dar su apoyo sin condiciones al indulto han sido el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero y el alcalde de Valladolid, siempre dispuesto a enfrentar la polémica, Oscar Puente. El secretario de Organización, el también ministro José Luis Abalos, reclamó por su parte a todo el partido empatía. «Hace falta explicar las cosas —dijo— consciente de que son muchos los que piden hacer pedagogía-pero, sobre todo, hace falta ponerse en el lugar de quien tiene que tomar una posición, porque para quien no tiene que hacerlo todo es opinable ya que no hay relevancia en sus actos», adujo.

Mientras, la Fiscalía reclama una pena de inhabilitación de un año y ocho meses para el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por negarse a descolgar una pancarta a favor de los presos del balcón del Palau de la Generalitat, según informa Cristian Reino desde Barcelona.

Se trata de la segunda causa penal contra el dirigente nacionalista, que ya fue condenado a un año y medio de inhabilitación por un caso similar.

Torra está a un paso de sentarse por segunda vez en el banquillo de los acusados por su «clara voluntad de no atender ninguna orden» judicial, según señala la Fiscalía en el escrito de acusación. En esta segunda causa, los requerimientos del TSJC fueron explícitos y el expresidente catalán se negó a acatarlos, aduciendo que estaba defendiendo la libertad de expresión. El Ministerio Público pide además que durante el tiempo de condena, Torra pierda los honores que acompañan a la condición de expresidente.