Morir en el océano a la deriva

El drama de la inmigración se muestra en toda su crudeza frente a las costas españolas. Una endeble patera abarrotada con 49 hombres, mujeres y niños encalló el viernes 18 de junio, en la oscuridad de la madrugada, contra unos arrecifes cercanos al puerto de Orzola, un pueblo pesquero en la punta norte de Lanzarote.

Tras más de un centenar de millas de infernal singladura desde la costa africana, a sólo 600 metros de la tierra soñada, dos mujeres, una de ellas embarazada, y un hombre, todos subsaharianos, murieron ahogados. Otros cinco ocupantes, entre ellos una niña, están desaparecidos, y 12 de los 41 rescatados, incluidos dos bebés y dos pequeñas, fueron hospitalizados. Un naufragio de pesadilla idéntico al vivido el pasado noviembre en los mismos regueros marinos de lava, situados frente a La Graciosa.

España, y más en concreto las Canarias, se han convertido en el principal escenario europeo de la tragedia de la inmigración, relevando a otros puntos negros como las costas italianas y griegas, a Lampedusa y a Lesbos.

Las islas no son sólo el principal destino de quienes huyen de la miseria, la persecución o la guerra en Africa y Oriente Próximo. También son la ruta más peligrosa en su camino hacia la UE, lo que es tanto como decir la más letal del mundo, según recoge el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Un mínimo de 850 inmigrantes perdieron la vida el año pasado tratando de llegar a las Canarias. Son el 60% de todos los refugiados, 1.426, que murieron antes de alcanzar las costas europeas.

Las fuertes corrientes y las enormes distancias recorridas —hay pateras que atraviesan varios centenares de kilómetros, desde el sur del Sáhara Occidental, Mauritania o Senegal— convierten la singladura de estos botes en durísima y muy peligrosa. Prueba de ello es que la proporción de ahogados sobre el total de inmigrantes que arriba a las islas es cuatro veces mayor que en el resto de rutas marítimas hacia Europa, según los datos de la misma organización, facilitados horas antes del Día Mundial del Refugiado.

A veces, las corrientes derivan a las pateras hacia mitad del Atlántico. Los migrantes mueren de sed y frío a la deriva en el océano.

Uno de los últimos naufragios se produjo a más de mil kilómetros de Canarias cuando explotó un cayuco en el que iban unas 190 personas de las que sólo sobrevivieron 59.

Las salidas lejanas, según Cear, comportan más riesgos porque la travesía es mayor y están más expuestos a las inclemencias del tiempo y del mar, así como por el enorme riesgo de desorientación. La mayoría de los cayucos toman rumbo a Tenerife, guiados por el Teide, la montaña más alta de Canarias.

Otras ONG españolas que trabajan sobre el terreno colocan la cifra de ahogados en 2020 en la ruta canaria muy próxima a los 2.000.

El efecto del blindaje

en el Mediterráneo

El efecto conjunto de las restricciones a la movilidad por la pandemia y el aumento de los controles fronterizos ejecutado por la UE en ambas orillas del Mediterráneo han frenado la avalancha de refugiados que en los últimos años inundaron las islas griegas e italianas procedentes del corazón de África, pero también de Siria, Afganistán o Pakistán.

El virus ha bloqueado a muchos refugiados en su país o en otros de tránsito y los acuerdos de colaboración con países magrebíes y el refuerzo de la policía de fronteras redujeron un 23% las llegadas desde Libia, Túnez o Argelia. Lo mismo ocurrió con las verjas españolas de Ceuta y Melilla que, hasta que el mes pasado Marruecos las usó para una invasión política encubierta, habían tenido entre un 65% y un 75% de entradas menos que en años previos.

El tapón en Magreb provocó, no obstante, como efecto inmediato el traslado de las rutas de inmigración clandestina a zonas menos blindadas, como las costas saharauis o mauritanas. El resultado es que España registró en 2020 un aumento de casi el 54% en las llegadas de inmigrantes sin permisos a sus playas, puertos y costas, con unos 40.000 refugiados, el 42% de los que arribaron por mar a la UE.

El foco de la presión está en las Islas Canarias, que recibieron más de la mitad de los inmigrantes que entraron en España, unos 23.000, lo que supone, a su vez, uno de cada cuatro de los que atravesaron las fronteras marítimas europeas. El drástico giro a la ruta canaria provocó que, sobre todo desde agosto, las llegadas se multiplicaron de golpe por ocho, lo que desencadenó la crisis humanitaria de Arguineguín, el puerto al sur de Gran Canaria desbordado por cientos de cayucos y pateras, con miles de refugiados por las calles o hacinados en campos improvisados que recordaban una zona de guerra.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) denuncia que estas crisis tienen mucho que ver con una política de asilo española que no facilita las solicitudes por vías legales y seguras, como los trámites en consulados o el reagrupamiento familiar, y que obliga a los refugiados a jugarse la vida para ponerse a salvo en Europa.

Las autoridades hicieron en 2020 un gran esfuerzo para terminar con el tapón burocrático de las peticiones de asilo -resolvieron el doble que en 2019 y diez veces más que en 2018-, pero el grifo siguió igual de cerrado. Sólo concedieron una de cada veinte, seis veces menos que la media Europea. La mayor muestra de generosidad fue dar permiso de residencia a 40.000 venezolanos.