Sánchez indulta y Aragonès advierte de que es «hora de la amnistía y el referéndum»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, celebró ayer los indultos concedidos por el Gobierno central a los presos del ‘procés’ porque son un «paso» que ayuda en el camino del diálogo y la negociación, aunque los consideró insuficientes porque entiende que no resuelve el conflicto de fondo. «Es la hora de un referéndum acordado», presionó el dirigente republicano a Pedro Sánchez, días antes de su encuentro en la Moncloa.

Momentos antes, el presidente del Gobierno aseguraba, tras el Consejo de Ministros, que con los indultos, «la democracia española demuestra su grandeza». Además aprovechó para pedir a «aquellos que la cuestionan» que aprovechen ahora para demostrar su altura. «El Gobierno ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, para España, y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución», ha argumentado el presidente, que explicó que el Gobierno entiende que existen «razones de utilidad pública» para conceder esta medida de gracia, que tienen que ver, en concreto, «con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia» en la sociedad catalana y la española.

Alto grado de autogobierno

«La sociedad española quiere una Cataluña próspera, plural y solidaria y con alto grado de autogobierno, una Cataluña sin España ni sería europea ni próspera», ha enfatizado. «España sin Cataluña no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Esta certeza es el norte que guía nuestro camino. Hay camino», ha ahondado.

Sánchez también ha confirmado que se trata de indultos parciales, que mantienen la condena por inhabilitación, y que están sujetos a una «condicionalidad», porque todos «quedan condicionados a que no se acometan delitos graves» en un plazo de tiempo. «De lo contrario, quedarían sin efecto», ha avisado.

Además ha afirmado que aunque afectan a nueve personas, el Gobierno piensa, al tomar esta decisión, «en los cientos de miles de catalanes que se sienten solidarios con quienes están presos», y «en muchos otros», tanto en Cataluña como en España, que no defienden los actos de los indultados pero «sí creen que ya han cumplido suficiente castigo».

«Una rendición»

Pero al mismo tiempo, el independentismo quiso ayer mantener la retórica reivindicativa por convicción y porque no está dispuesto a que los indultos sean percibidos por su parroquia como una rendición. «Los presos saldrán con la cabeza alta y los ideales intactos», destacó Aragonès hora y media después de la decisión del Gobierno. Todo depende de la logística, pero el Palau de la Generalitat trabajaba ayer en la idea de organizar un gran acto de recibimiento a los presos, ya sea en la sede del Govern o en el Parlament. Su salida del penal está prevista para hoy a las 12 del mediodía, si bien ese acto se descarta para pasado ya que Sant Joan es festivo en Cataluña.

Aragonès, en un discurso institucional junto a los miembros de su Ejecutivo, consideró que las medidas de gracia son un «paso» que puede «ayudar a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto». Es el momento de volver a hacer política, afirmó. Saludó el gesto por parte del Ejecutivo central y dijo que le «satisface» en la medida en que los presos «recuperan» la libertad y «alivia» el «sufrimiento». «La decisión del Gobierno es un reconocimiento de que las condenas fueron injustas», interpretó Aragonès en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, la de las grandes ocasiones.

El presidente del Govern, como Sánchez el día anterior en la conferencia en el Liceu de Barcelona, habló de abrir una «nueva etapa» para resolver el conflicto catalán. «Afrontémosla con la máxima exigencia y con el compromiso de encontrar una salida acordada que respete la voluntad popular del pueblo de Cataluña», emplazó al presidente del Gobierno.

uentes del Govern sitúan la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para la semana que viene, con toda seguridad entre el miércoles y el jueves. De la cita debería salir la fecha para la reanudación de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos. La Moncloa guardó silencio.

Tanto Sánchez como Aragonès se han tendido la mano estos días para explorar la vía del diálogo y abrir una nueva etapa. Pero parten de posiciones muy alejadas. El presidente de la Generalitat considera que los indultos son positivos y los recibe como un paso del Gobierno, pero ayer insistió en que «en ningún caso acaban con la represión» ni «resuelven la situación de los exiliados, con el presidente Puigdemont al frente».

Referéndum acordado

Así, «exigió» al Tribunal Supremo que «retire las demandas de extradición contra los exiliados» y al Gobierno, que se comprometa a trabajar para encontrar una salida acordada al conflicto. «Es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación», recordó a Sánchez. «Es la hora de un referéndum acordado», advirtió. El presidente del Gobierno, en su conferencia del pasado lunes, precisó que los límites de la negociación son la Constitución y la legalidad. Aragonès va más allá y reivindica la autodeterminación, aunque recalcó que debe conseguirse por la vía del diálogo, el acuerdo y la negociación. La CUP, que ayer habló de reemprender la confrontación, le exige un nuevo referéndum acordado o unilateral esta legislatura.

Fuentes de su entorno señalan que en la próxima reunión en Moncloa comprobarán si Sánchez está dispuesto a explorar una solución al conflicto o se planta con los indultos.

El líder socialista arriesga, en tanto que los secesionistas no renuncian a la vía unilateral, a pesar de que Oriol Junqueras afirmara en la ya célebre carta del diario Ara que no es deseable ni viable. Los socialistas, mientras, ofrecen una especie de reforma estatutaria que los independentistas no quieren ni ver. Los indultos abren una nueva etapa, según Sánchez y Aragonès, pero ésta sigue llena de incertidumbres.

De 3 a 6 años de seguridad

Los indultos aprobados por el Consejo de Ministros por razón de «utilidad pública» fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años. Este plazo condiciona la extinción total de las penas de prisión a los líderes independentistas a que no vuelvan a cometer delito graves y dolosos. De lo contrario, la medida de gracia sería revocada.

La incorporación a los expedientes individualizados de esta suerte de libertad condicionada trata de evitar que reincidan en actos contrarios a la Constitución, por ejemplo. Este periodo se ha distribuido de manera desigual entre los nueve condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, respectivamente, según la sentencia del ‘procés’ dictada en octubre de 2019. Así, el periodo más alto, de seis años, se impone al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; cinco años a los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; cuatro a Raül Romeva y a la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell; mientras que a Dolors Bassa se fija en tres años.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta diferente aplicación se justifica en los «comportamientos» que han tenido los condenados desde otoño de 2017, cuando entraron en prisión preventiva. Las declaraciones públicas, sus posiciones con respecto al proceso secesionista, la voluntad de reiteración, su comportamiento en la cárcel o los pronunciamientos realizados en medios de comunicación han servido para establecer esta horquilla temporal.

Tres años en la cárcel

Además, los expedientes aprobados suponen la «extinción total» de las penas de prisión que les restan por cumplir a los nueve condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Hasta este martes habían pasado tres años y medio en la cárcel, más de 1.300 días, que no supone la mitad de las penas totales impuestas para ninguno.

La previsión del Gobierno pasa porque su decisión pueda ser ejecutada esta mismo miércoles por el Tribunal Supremo, tras rubricar el Rey los decretos de indulto y publicarse en el BOE. Por lo tanto, la excarcelación de los beneficiarios del perdón será inmediata.

Un aspecto relevante es que se mantiene intacta la pena de inhabilitación para cargo público -similar a los años de prisión- a los condenados a prisión. Por ejemplo, Junqueras, líder de ERC, será excarcelado con el condicionante de los seis años, pero no podrá ocupar un puesto público hasta la fecha en la que hubiera finalizado su castigo, en este caso julio de 2031, según determinó el tribunal la semana pasada.

Han quedado fuera del indulto por cuestiones prácticas los tres exconsejeros condenados por un delito de desobediencia que no fueron encarcelados: Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, quienes ya pagaron las multas y extinguieron su responsabilidad penal al finalizar el periodo de inhabilitación impuesto en la sentencia.

A partir de ahora, y en un plazo de dos meses, los indultos se pueden impugnar ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo. Puede recurrirlo la Fiscalía, pero, en principio, no tiene intención de hacerlo. Sí pretenden impugnarlos Vox y el PP, pero no está claro que puedan hacerlo y tendrá que debatirlo el alto tribunal, que no tiene jurisprudencia sobre la legitimidad de los partidos políticos para impugnar indultos. Las circunstancias de ambas formaciones son distintas, porque Vox fue acusación popular.