Los indultos abren un camino incierto
El reto del Gobierno y la Generalitat es dotar de contenido a una mesa de diálogo cuya evolución es una incógnita
Los presos independentistas saludan a las puertas del penal de Lledoners tras abandonar la cárcel. S. SAEZ
¿Y ahora qué?» La pregunta de Gabriel Rufián resonó en las paredes del Congreso y se quedó en al aire. Nadie sabe, ni el Gobierno ni la Generalitat, a dónde conduce el camino abierto por los indultos a los condenados del ‘procés’. En la Moncloa sostienen que «hay trecho para el entendimiento». En el Palau de la plaza de Sant Jaume también vislumbran puntos de coincidencia. Pero ninguno se atreve a decir en qué pueden estrecharse la mano, y mucho menos cuándo.
Socialistas e independentistas comparten que el siguiente hito en esta «nueva etapa» de incipiente distensión política será la mesa de diálogo, aunque por el camino hay otras «piedras», terminología acuñada por José Luis Ábalos, como la causa en el Tribunal de Cuentas y la reforma del delito de sedición en el Código Penal. La cita no tiene fecha ni agenda, aunque la reunión del martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès debería arrojar luz sobre ambos asuntos.
De entrada, las posturas están en las antípodas. «No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, lo que va a haber es política y diálogo», dice el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en respuesta a las palabras de Aragonès: «Es hora de la amnistía y del derecho autodeterminación, es hora de un referéndum». Desacuerdo hasta de la terminología.
Para la Moncloa es una mesa de diálogo, para la Generalitat, de negociación. El Gobierno plantea como documento base la denominada «agenda del reencuentro», un compendio de 44 medidas con reivindicaciones históricas de la Generalitat que Sánchez entregó a Quim Torra en febrero de 2020.
Pero a estas alturas, negociar sobre financiación autonómica, inversiones o infraestructuras se antoja un menú insuficiente, aunque no despreciable, para las pretensiones soberanistas. Desde Barcelona, no se plantea un texto matriz de la negociación. Sus demandas públicas son binarias, amnistía y referéndum de autodeterminación, las que hagan a puerta cerrada se desconocen. Carles Puigdemont entregó en febrero de 2017 a Mariano Rajoy un documento con 46 propuestas, también Artur Mas dejó en la Moncloa 23 demandas en 2016. No hay noticias de que esos pliegos se vaya a recuperar.
Solo acordar el punto de partida puede llevar semanas de tira y afloja.
Sánchez piensa en septiembre. Una dilación que la Moncloa justifica con el argumento de que contribuirá a crear un clima de confianza recíproca que, pese a los indultos y buenas palabras, no existe. Aragonès desearía ponerse manos a la obra cuanto antes.
La indefinición de los objetivos puede ser buena porque, afirman fuentes socialistas, no genera expectativas y facilita el diálogo al carecer de un corsé. Aragonès necesita tiempo para ajustar sus frágiles relaciones con los de Puigdemont, que siempre van a ser críticos con el diálogo. Un dato que no es calderilla porque evidencia la asimetría de respaldos con que Sánchez y el presidente catalán llegan a la mesa. El primero tiene apoyos políticos, el de UP y el bloque de la investidura, y rechazo social (del 70%). El segundo, al revés. Solo espera, en el mejor de los casos, el escepticismo de Junts, con la paradoja de que su más firme valedor en este capítulo es el PSC. Sabe, en cambio, que la sociedad catalana está detrás de forma mayoritaria de los indultos y el diálogo. La mesa carece de agenda pero tiene líneas rojas. Ni la independencia unilateral ni el mantenimiento del estatus actual forman parte de la solución.