Aragonès exige a Sánchez en la Moncloa la retirada de las órdenes de extradición

Las altas fianzas impuestas justo ayer por el Tribunal de Cuentas a 40 exaltos cargos de la Generalitat, en previsión de las responsabilidades contables por el uso dinero público en la promoción exterior de la causa independentista, se han convertido en el nuevo caballo de batalla del secesionismo, el último elemento sobre el que hacer pivotar su discurso sobre la «represión» del Estado. El asunto irrumpió en la primera reunión celebrada en la Moncloa entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, solo una semana después de que el primero presentara los indultos a los condenados del ‘procés’ como prueba de la «grandeza» de la democracia española y reclamara su reconocimiento.

La cita sirvió, como se esperaba, para poner fecha a la próxima reunión de la mesa de diálogo acordada con ERC a cambio de la investidura de Sánchez. Será en Barcelona, ya en la tercera semana de septiembre, la del día 13, como quería el Gobierno. De momento, Sánchez gana, pues, tiempo. Aragonès también anunció que, entre tanto, en julio, se reunirá la comisón bilateral Estado-Generalitat para abordar cuestiones más ‘terrenales’, relativas a inversiones, la gestión de los fondos europeos, el sistema de dependencia o la pandemia. Pero se trata de una mera patada al balón.

El presidente de la Generalitat ya había dejado claro desde un primer momento que el efecto balsámico perseguido por el Ejecutivo al aprobar las medidas de gracia no bastaría para rebajar sus exigencias. Y ayer insistió en que no contempla otra salida que la amnistía para todos aquellos protagonistas del ‘procés’ que aún se enfrentan a causas judiciales y un referéndum de autodeterminación, los dos únicos asuntos que pretende tratar en la mesa. «La resolución del conflicto tiene que pasar por el fin de la represión porque si no no estaríamos negociando en pie de igualdad», argumentó.

Aragonès, que compareció en la sede de la Generalitat en Madrid antes de que lo hiciera en la Moncloa la ministra portavoz, María Jesús Montero, reclamó al Gobierno que cumpla con las recomendaciones del polémico informe de la Asamblea del Consejo de Europa impulsada por el socialista letón Boris Cilevics y exigió la retirada de las órdenes de extradición que pesan, entre otros, sobre el expresident Carles Puigdemont. Un paso que no está al alcance del poder ejecutivo y que Montero rechazó.

El Ejecutivo restó importancia, en todo caso, al discurso del presidente de la Generalitat. «Cada uno pone el acento donde lo quiere poner, pero no han sido cuestiones objeto de la reunión y el presidente Aragonès conoce cuál es el límite que pone el Gobierno de España», esgrimió la ministra.

La portavoz gubernamental afirmó que Sánchez se limitó a trasladar al dirigente autonómico su voluntad de que participe en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo mes —petición que quedó sin respuesta—, le ofreció el apoyo a la candidatura Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y le planteó cuestiones de agenda socio-económica.

Aun así, en Moncloa son conscientes de que su deseo de visibilizar que, gracias a los indultos, la «normalidad institucional» se va abriendo camino y que será posible «aterrizar» a conversación con la Generalitat sobre problemas del día a día se enfrenta a muchas dificultades. Y lo vivido con el Tribunal de Cuenstas es solo una muestra.

«Esperamos pasos del Gobierno en este caso», avisó por la mañana en Barcelona la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja. La propia Montero y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intentaron apagar el fuego tras el Consejo de Ministros arremetiendo contra el PP por su negativa a renovar una institución en la que, como ocurre en el Poder Judicial, tiene mayoría y cuyo mandato termina el 23 de julio. Campo dejó caer además que una vez se ha hecho la liquidación provisional «lo habitual» es que la Abogacía del Estado no presente demanda y Montero adujo como el lunes el propio Sánchez, en que las decisiones del órgano fiscalizador son recurribles ante la justicia.

En el Ejecutivo esgrimen que hay poco que puedan hacer en este terreno y aunque en algún momento se llegó a plantear una reforma del sistema de elección de los miembros del organismo —el PDeCAT registró ayer mismo un iniciativa para que pueda hacerse por mayoría absoluta en lugar de por tres quintos—, ahora, en privado, lo descartan. La polémica generada con una propuesta similar sobre el CGPJ, retirada tras ser cuestionada por la Comisión Europea, resulta disuasoria.