El PP denuncia asedio al fiscalizador
El PP denunció ayer una campaña de presión contra el Tribunal de Cuentas para evitar que los líderes independentistas tengan que reparar el dinero relacionado con la malversación del ‘procés’.
Los populares acusaron al presidente Pedro Sánchez de «asediar» al órgano fiscalizador para vulnerar su independencia y le avisaron de que el Ejecutivo «ni debe ni puede intervenir» en él. «Lo que debe hacer es dejarle actuar con plena independencia y permitir que la Abogacía del Estado lo haga también», reclamó la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.
La dirigente conservadora censuró el «acecho del sanchismo a las instituciones» porque, en su opinión, «daña la imagen» de España en el exterior además de hacerle «un flaco favor» a la democracia.
«El Gobierno en vez de defender las instituciones del Estado, lo que hace es erosionarlas. Y eso es terrible», señaló, por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
La formación de Pablo Casado sospecha que el PSOE y Unidas Podemos podrían promover un cambio en la ley para modificar la mayoría de tres quintos con la que se elige a los doce miembros del órgano en el Congreso y el Senado como intentaron llevar a cabo hace unos meses para renovar el Consejo General del Poder Judicial y a la que tuvieron que renunciar por la presión ejercida desde Europa.
Una propuesta que ya ha puesto sobre la mesa el PDeCAT, que registró en el Congreso una iniciativa similar para evitar un posible bloqueo del PP, pero que, de momento, el Ejecutivo no contempla. La portavoz María Jesús Montero aseguró que el Gobierno va a «esperar» a que se cumpla el mandato de los miembros del tribunal —que expira el 23 de julio— para dar una «oportunidad» a que el principal partido de la oposición «rectifique» su veto.
«No es de recibo la actitud tremendamente antidemocrática de boicotear la renovación de los órganos constitucionales con la única motivación de que tiene una mayoría ahora a la que saldría de la renovación», aseveró Montero tras al Consejo de Ministros.
Los soberanistas apremian a renovar ya el órgano y advierten de que la causa que afecta a los líderes del procés «no puede seguir su trámite con un tribunal caducado, absolutamente politizado y con objetivos políticos».