El Tribunal de Cuentas mantiene a los soberanistas la fianza millonaria

Buena parte del rifirrafe que se vivió ayer en el Pleno del Congreso giró en torno a la decisión del Tribunal de Cuentas de mantener la fianza provisional de 5,4 millones de euros a los dirigentes secesionistas por presuntos gastos irregulares en la internacionalización del ‘procés’.

Un pago que los 34 investigados deberán depositar, de forma solidaria, en un plazo de 15 días hábiles y que ha suscitado las críticas de los partidos independentistas. Si no lo hacen, la justicia procederá al embargo de sus bienes.

Después de que varios ministros, como el de Transportes, José Luis Abalos, o la de Igualdad, Irene Montero, calificaran la resolución del ente como «piedras en el camino» del diálogo con Cataluña, la polémica siguió ayer su recorrido dentro del hemiciclo. PP, Vox y Ciudadanos manifestaron con dureza sus sospechas de que el Ejecutivo busca cambiar el sistema de mayorías para renovar a sus vocales, cuyo mandato caduca el próximo 23 de julio. En esa fecha, si no hay acuerdo, el ente fiscalizador se unirá a otros órganos constitucionales en funciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

El líder de los populares, Pablo Casado, ya tiene incluso pensadas las medidas que tomará su partido si esto llega a ocurrir y anunció que recurrirá la decisión en el Tribunal Constitucional y en la Unión Europea, como ya hizo cuando el Gobierno trató de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del Poder Judicial. «Ahora pretende indultar también cinco millones de euros malversados por los golpistas», acusó al presidente.

Pere Aragonès cerró ayer la puerta a acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que Pedro Sánchez ha convocado para el mes de julio en Salamanca.