El tribunal de Cuentas, territorio del Partido Popular bajo sospecha

Si el PSOE y el PP no lo remedian y vuelven a la senda de los acuerdos, el Tribunal de Cuentas pasará a la interinidad el próximo 23 de julio, fecha en la que sus consejeros continuarán su mandato en funciones. La cuenta atrás, además, no se produce en un momento especialmente plácido para el ente fiscalizador, que la semana pasada se convirtió en diana del debate político por su decisión de mantener la fianza de 5,4 millones de euros a los 34 ex cargos de la Generalitat de Cataluña, tan solo siete días después de que el Gobierno concediera indultos a los condenados por el ‘procés’.

Para algunos ministros, como el de Transportes, José Luis Abalos, y la de Igualdad, Irene Montero, esta decisión es una «piedra en el camino» del diálogo con Cataluña que está explorando el Ejecutivo. Y esa afirmación ha dado pie a los populares para acusar a Moncloa de querer cambiar el sistema de mayorías para elección de los vocales del órgano, con el objetivo de «ofrecer otra concesión al independentismo». Ambas formaciones se acusan mutuamente de bloquear la renovación, como ya ocurrió en marzo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018.

Los actuales consejeros del Tribunal de Cuentas fueron nombrados en julio de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta. Según la ley, los 12 vocales del órgano fiscalizador deben ser elegidos por el Congreso y el Senado -seis por cada cámara- y por una mayoría de tres quintos. Estos se escogen, según se recoge específicamente en la Constitución, entre censores de cuentas, magistrados, profesores de universidad, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional.

En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influida por los dos grandes partidos del Congreso, PSOE y PP, y depende de su prevalencia en el arco parlamentario. En la última renovación los conservadores se aseguraron siete asientos del tribunal, los otros cinco fueron escogidos por el PSOE (uno de ellos consensuado con Izquierda Unida).

Entre los nombres de los consejeros, cuyo celo es clave para detener la corrupción, hay apellidos que son familiares en la política española.

Por ejemplo, Antonio de la Rosa, ya fallecido, concuñado del exvicepresidente Rodrigo Rato, Juan Velarde, que fue patrono de la fundación del PP Faes, o en la actualidad Manuel Aznar López hermano del expresidente José María Aznar, o Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia durante el primer gobierno de Aznar. Precisamente esta última fue la encargada de dictar la sentencia por responsabilidad contable contra los ex altos cargos de la Generalitat, que desató una cascada de acusaciones de imparcialidad entre las formaciones independentistas e incluso el PSOE.

POLITIZADO: HASTA EL TS LO DICE

El propio Tribunal Supremo, en febrero de 2013, ya se quejó de la politización que sufre esta institución al constatar, en una sentencia, que en el Tribunal de Cuentas contaba con más funcionarios nombrados vía libre designación los partidos que funcionarios de carrera.

La presidenta del órgano, María José de la Fuente y de la Calle, salió al paso de estas acusaciones y el viernes defendió que el tribunal «goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico». De la Fuente ya envió en abril dos cartas al Congreso y al Senado para alertar de la situación de interinidad inminente pero, según explicó, no recibió respuesta.

PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y el PNV para la renovación del Consejo de RTVE y las negociaciones estuvieron cerca de lograrlo con el CGPJ, los populares no aceptaron el nombramiento del juez Juan Manuel de Prada. Pero no son las únicas instituciones nacionales cuyo mandato ha caducado, también está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros organismo para los que no hay acuerdo.