El Govern rectifica y avalará a los 34 investigados por Cuentas

A unas horas de que expirara el plazo dado por el Tribunal de Cuentas, la Generalitat anunció lo que había descartado un día antes: que sea el Instituto Catalán de Finanzas, es decir, la administración autonómica, la que avale con dinero público la fianza exigida a los 34 investigados por presunto desvío de fondos para internacionalizar el ‘procés’, entre ellos Mas, Puigdemont y Junqueras.

El consejero de Economía de la Generalitat renunció el martes a las dos opciones que él mismo había puesto sobre la mesa para hacer frente a la fianza de 5,4 millones. El Govern creó un fondo de 10 millones, con el que pretendía contraavalar la fianza. Pero para ello necesitaba que un banco participara en el trámite a través de un aval. Al constatar que ninguna entidad financiera se avenía a salir al rescate de los nacionalistas, el Govern tenía la posibilidad de avalar directamente la fianza a través del ICF, una entidad pública, que se dedica a facilitar créditos a las empresas, como el ICO. Pero el consejero de Economía dijo que no quería hacerlo para no poner en peligro legal a ningún funcionario de este organismo autonómico. El guión dio ayer un vuelco y Jaume Giró, desde el Parlament, anunció que será el ICF el que avalará directamente a los 34 encausados. Según el consejero, los trabajadores del ICF le pidieron que siga adelante y que «por ellos no quede». En el ambiente, sobrevolaba una nueve pugna entre ERC y Junts en el seno del Govern catalán. Los republicanos criticaron que Giró no activara al ICF tras no hallar ningún banco. Junts atribuyó la rectificación del Ejecutivo catalán al cambio de actitud del ICF. Los responsables de esta entidad se han sentido interpelados a no ser un obstáculo, apuntaron en la formación nacionalista, dando a entender las presiones que ha habido en el mundo independentista para que el Govern no cerrara este capítulo plegándose al Tribunal de Cuentas.

Está por ver ahora si el organismo fiscalizador da por bueno el aval garantizado por el ICF. Ciudadanos, en esta línea, emplazó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a que, en «defensa del dinero público», se oponga a que la fianza sea aceptada. Queda también la duda de si los responsables del ICF pueden correr riesgos legales. Fuentes secesionistas apuntaron que no hay «margen legal» para actuar contra esta decisión y contra los funcionarios de este organismo, aunque el propio consejero expresó el martes sus reservas. Para Ciudadanos es una operación «claramente ilegal».

Vox amenazó con llevar a la Generalitat a los tribunales. Antes de conocer el anuncio del Govern, los propios encausados ultimaban las garantías financieras para poner sus bienes como avales para la fianza. También estaba en marcha la caja de solidaridad de las entidades soberanistas y se especulaba con que los partidos nacionalistas pusieran sus sedes como aval.