Cuentas no ve indicios de desvío contable en el rescate de Plus Ultra
Archiva la investigación de la aerolínea que seguirá en los juzgados
El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación incoada el pasado mes de junio a raíz de una denuncia de Ciudadanos por el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), han informado a Europa Press fuentes de la formación denunciante.
Descarta así la tesis de la formación naranja sobre un presunto menoscabo de fondos públicos. Por parte de Ciudadanos está previsto presentar un recurso contra esta decisión, añaden las mismas fuentes. La denuncia fue presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio.
Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existan infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas. La admisión de la denuncia de Ciudadanos supuso la apertura de una pieza de Acción Pública y la designación de un instructor de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que finalmente no ha encontrado indicios y ha archivado las actuaciones.
INVESTIGACION JUDICIAL
El asunto está también en manos de los juzgados ordinarios. La semana pasada, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.
Según la juez, «el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento» judicial.
Además de recurrir este archivo, Ciudadanos podría reservarse para volver a interponer acción contra esta ayuda en el Tribunal de Cuentas en el caso de que la compañía no devuelva los préstamos recibidos tras la decisión de la juez de paralizarlos.
Desde esta parte discrepan de la decisión del Tribunal de Cuentas, al entender si le prestas a alguien insolvente que sabes que no te va a devolver el préstamos y que en nuestra opinión no cumple los requisitos, ya estás produciendo un daño al erario público.
Cs estudiará recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas, han confirmado a Efe fuentes de la formación, que están seguras de que se acabará demostrando «el posible delito penal y la infracción contable».
Las mismas fuentes han explicado que no comparten el criterio del Tribunal de Cuentas porque consideran que con el desembolso que se ha hecho ya de los 19 millones de euros a una empresa en quiebra «se da por hecho el perjuicio económico».
No obstante, consideran que es muy importante esta resolución porque ya abre la puerta a que ese perjuicio económico se produzca cuando «se constate la insolvencia y que la inyección se ha dado para otros fines».
Según Ciudadanos, la justicia acabará demostrando que no sólo se incurrió en un posible delito penal sino que hubo una ilegalidad contable, que fue lo que Ciudadanos denunció el pasado 7 de junio contra la concesión «irregular» por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de una ayuda de 53 millones de euros a esta compañía aérea, con gran peso de capital venezolano y panameño.
Entiende el partido naranja que esta ayuda se concedió a dedo porque la empresa ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, en ningún caso «cumplía con los requisitos que establece el fondo de la Sepi para empresas estratégicas». Además, las fuentes han recordado que el juzgado número 15 de Madrid ha paralizado la segunda entrega de dinero hasta que no se justifique el cumplimiento de los requisitos.
Ciudadanos, aparte de esta querella, ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.