El abogado del Estado se inhibe sobre los avales del ‘procés’

El abogado del Estado que debía valorar los avales de la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a los líderes del ‘procés’ para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas evitó pronunciarse sobre su legalidad. El letrado designado, Rafael García Monteys, consideró que no debe tomar partido en la controversia al apreciar un «posible conflicto de intereses» y, por ello, se inhibió para que sea su superiora, la abogada general Consuelo Castro, quien decida sobre si es conveniente realizar -o no- dicho encargo.

En su escrito, García Monteys arguyó una posible incompatibilidad entre la función consultiva que le reclama el Tribunal de Cuentas al pedirle el informe y la función que como parte del procedimiento corresponde a este departamento. «La posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva», razonó.

Más aún, prosiguió en su consulta, cuando realizó trámites en los que promovió la actuación del organismo fiscalizador para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables. El abogado del Estado, García Monteys, se refirió así a la causa por la que se solicitan los 5,4 millones de fianza a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la internacionalización del proyecto secesionista entre 2011 y 2017, a cargo de los Presupuestos públicos.

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones. A él le siguen la que fuera interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

García Monteys advirtió además de que si emite finalmente el informe solicitado por el Tribunal de Cuentas podría condicionar el resto de la actuación de la Abogacía del Estado, y también a la propia tramitación de las actuaciones previas, al poder dar lugar «a un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes».

Para evitar que los encausados por el ‘procés’ afrontaran con sus propiedades el aval de la fianza, el Ejecutivo de Pere Aragonès creó un fondo de diez millones de euros. Pero como no encontró ninguna entidad financiera que quisiera participar en el trámite a través de un aval recurrió al ICF, una entidad pública, que se dedica a facilitar créditos a las empresas.

Una decisión que Ciudadanos llevó ante los tribunales al considerar que se trata de «un fraude de ley». La formación de Inés Arrimadas señaló que es «imposible» que una administración pueda avalar el daño que se le cometió a la misma administración que lo avala.