Barcelona impone una multa de 45.000 euros por discriminación de origen
La sanción fue para un propietario y una inmobiliaria que se negaba a alquilar su piso a un marroquí
Imagen de unas de las marchas contra la discriminación racista en Madrid. SERGIO BARRENECHEA
El Ayuntamiento de Barcelona multó con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a una inmobiliaria por negarse a alquilar el piso a un marroquí por racismo, en la primera sanción por discriminación por razón de origen, una infracción prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña.
El propietario de la vivienda, situada en la Barceloneta, y la inmobiliaria que la comercializaba se negaron a alquilar el inmueble a una persona de origen marroquí, sin ningún factor que lo justificase.
Según informó el ayuntamiento, la discriminación tuvo lugar en el momento en que, después de manifestar el interés en alquilar la vivienda y acreditar el nivel de solvencia suficiente, la inmobiliaria no respondiera la petición y argumentara que se había elegido otra candidatura a pesar de que el piso siguiera vacío y disponible semanas después.
La constatación se hizo efectiva mediante la intervención pasadas unas semanas de una persona del entorno de la víctima, que no es de origen marroquí y que se interesó por el piso delante de la misma empresa, sin revelar la relación personal, y pudo visitar el inmueble y acreditar un nivel de solvencia equivalente.
En este caso, el agente inmobiliario sí mostró su disposición a alquilarle la vivienda y se pudo probar que el criterio de la propiedad no se basaba en la solvencia ni en la indisponibilidad de la vivienda.
Los hechos tuvieron lugar a principios de 2020 y fueron denunciados por la víctima en la Oficina por la No Discriminación (OND) y fueron estudiados y analizados conjuntamente con la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), que desarrolló todo el proceso administrativo.
Durante la tramitación del expediente sancionador, la propiedad, y la empresa comercializadora pudieron presentar alegaciones y pruebas de que su comportamiento no fuera discriminatorio, unas alegaciones que fueron desestimadas jurídicamente por la Unidad de Disciplina y Antiacoso municipal.
Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento de Barcelona sancionó un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen.