Escrivá, el ministro desmentido

«No está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró categórica el viernes pasado al desautorizar la propuesta planteada un día antes por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre subir los impuestos a la Comunidad de Madrid para compensar el llamado efecto capitalidad. Una censura que, en su caso, casi se ha convertido en una tradición en esta legislatura cuando afectan a asuntos polémicos como las pensiones, la cuota de autónomos o la reforma laboral.

Ya ocurrió hace poco menos de un mes, cuando el ministro de Seguridad Social propuso, en una entrevista televisiva, que la generación del ‘baby boom’ (los nacidos entre 1958 y 1977) asumiera «algo del esfuerzo» para moderar el gasto en pensiones para el Estado. Más tarde intentó matizar esas palabras al indicar que «no verán mermada su pensión» y que «podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más». Pero al día siguiente, después de que el malestar generado por el anuncio pusiera en guardia al resto de sus compañeros en el Consejo de Ministros, especialmente a los de Unidas Podemos, negó la mayor y zanjó el asunto con una frase lapidaria: «No tuve mi mejor día».

«Se me entendió mal. Eran unas reflexiones en voz alta», insistió después de que sindicatos y empresarios también se desmarcaran de su llamativa propuesta y quiso dejar claro que el factor de equidad intergeneracional era un mecanismo que no formaba parte del pacto y que su diseño ni siquiera había sido abordado en la mesa de diálogo social.

En diciembre, fue la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que contradijo a Escrivá, a cuenta también del retraso de la edad de la jubilación, independientemente de que el tiempo de cotización haya sido elevado, y le recordó que esta «entorpece la incorporación de los jóvenes al mercado laboral». Un diagnóstico que no compartió el titular de Seguridad Social, por «la avalancha» de jubilaciones que se producirá a partir de 2025.

La discusión llegó incluso a oscilar sobre la existencia de un supuesto borrador que recogía la medida. Mientras el ministro de Seguridad Social lo negaba, desde el partido morado, donde consideran que «Escrivá siempre va por libre», se empeñaban en asegurar lo contrario.

Escrivá también se vio obligado a matizar su plan de tramos para que los autónomos coticen por sus ingresos reales. El 22 de mayo presentó un documento que planteaba unos cobros de entre 90 euros y 1.220 euros al mes para estos trabajadores a partir de 2022. La propuesta, sin embargo, se encontró con una dura oposición por parte de la Federación Nacional de Autónomos. Finalmente, la entrada en vigor de este nuevo sistema de cuotas se aplaza hasta enero de 2023 con un periodo transitorio de diez años para su total implantación.

Sin embargo, no sólo Escrivá ha protagonizado las desautorizaciones más celebres de la legislatura. El pasado 8 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se puso del lado del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, en su disputa con el titular de Consumo, Alberto Garzón, que pedía limitar el consumo de carne.

«A mí me gusta el chuletón al punto», zanjó el jefe del Ejecutivo.

La propia Díaz también fue censurada en tromba por varios ministros socialistas cuando presentó en marzo del año pasado, antes de que entrara en vigor el estado de alarma, una guía sanitaria para las empresas frente a la covid-19.