La reforma de El Prat tiene en vilo el apoyo de la CUP y los comunes a las cuentas catalanas

El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para la ampliación del Aeropuerto de El Prat fue anunciado por sus protagonistas como una operación que beneficiaría la economía española y catalana y mejoraría los datos de empleo en la zona. También como el «inicio de un camino de diálogo», todo pese a las distintas visiones que mantienen ambos Ejecutivos sobre la autodeterminación o la amnistía. Sin embargo, para el presidente catalán, Pere Aragonès, esta concesión se le está volviendo en contra en su propia casa. El posible coste ambiental del proyecto y la falta, aún, del visto bueno de la Unión Europea, molestó profundamente a la CUP y a los comunes, formaciones con las que Esquerra cuenta para negociar los Presupuestos de Cataluña de 2022 a partir de septiembre, los primeros de su mandato. Ahora, incluso, amenazaron con condicionar su apoyo a las cuentas si el proyecto no decae.

La CUP ya lanzó varios avisos a Aragonès. El más grueso, que el Govern «ha cruzado una línea roja». Todo pese a que ECR y Junts accedieron, como pedían, a crear una comisión en el Parlament para modificar el modelo policial y a traspasar la defensa de los Mossos d’Esquadra de la Conselleria de Interior a la de Presidencia.

Pero, aunque la ampliación de el aeropuerto de El Prat supondrá una inversión de 1.700 millones de euros por parte de Aena, los antisistema lo ven como una «aberración» por su vínculo con el calentamiento global al aumentar el número de vuelos que transitarán diariamente por el aeródromo y porque podría suponer, alegaron, la destrucción del área protegida de la laguna artificial de La Ricarda. No es la única cuestión que genera malestar; los comunes, que controlan el Ayuntamiento de Barcelona, también denunciaron que la nueva infraestructura atraerá a más turistas, especialmente a la capital catalana, a la que consideran ya «lo suficientemente masificada».

Desde Junts, el socio de Esquerra en el Govern, se empeñaron en asegurar que el proyecto convertirá a El Prat en «el aeropuerto más verde de Europa», como prometió la semana pasada el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Una afirmación que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tachó de «mentira». La regidora de la Ciudad Condal advirtió de que la ampliación de El Prat supondría un incremento de las emisiones en la ciudad de entre el 60% y el 80%. «No nos traten de tontos», zanjó.

Por todo ello, el portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, vio «complicado» que su partido acabe apoyando los Presupuestos de 2022, como sí hicieron, en cambio, con los de 2020. Los morados señalaron, además de a El Prat, a otros dos «proyectos insostenibles»: la ciudad de casinos que proyecta Hard Rock en Tarragona y los Juegos Olímpicos de invierno. «Son invenciones del pasado que nos sitúan claramente en la oposición», advirtió Cid.

Dentro del Gobierno central, la operación tampoco concentró la unanimidad. Algunos ministros defendieron, al igual que Junts, que el proyecto «tiene que ser absolutamente compatible con la preservación medioambiental y con el propio impacto que puedan tener esas infraestructuras en el conjunto de esos entornos», como afirmó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no concretó, sin embargo, ningún detalle.

El asunto va camino de convertirse en una fricción de importancia.

La semana pasada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, poco amiga de expresar las quejas en público, pidió explicaciones en privado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Los morados también están usando a su confluencia ecologista Alianza Verde, partido de nuevo cuño que lidera Juantxo López de Uralde, como ariete contra el PSOE. Desde esta formación les llamaron a «dar ejemplo» para frenar el calentamiento global y frenar proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona o el Puerto de Valencia.