Ceuta admite que pidió a Interior activar el acuerdo con Marruecos
Vivas insiste en que su gobierno actuó «coordinadamente» con el departamento de Marlaska
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto a la consejera de Relaciones Institucionales. REDUAN
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reconoció ayer que la iniciativa de activar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores no acompañados «partió de la ciudad» y que fue el Ministerio del Interior quien «hizo las gestiones» con Rabat para que así fuera.
«Ceuta está desbordada, lleva tres meses con mil menores en situaciones de precariedad. No se puede pretender que la ciudad soporte esta presión», justificó el dirigente autonómico en una entrevista en la cadena Ser.
A pesar del intento del departamento de Fernando Grande-Marlaska de descargar en el Gobierno ceutí la responsabilidad de la iniciativa y la fórmula jurídica elegida para devolver al país vecino a los 700 niños y adolescentes que entraron irregularmente en mayo, Vivas insistió en que ambas administraciones, cada una dentro de sus competencias, actuaron «de manera conjunta y coordinada».
Ante las críticas, el presidente de Ceuta sostuvo que, en todo momento, se actuó de «manera correcta», en función de lo recogido en el acuerdo bilateral con Marruecos y de acuerdo a la ley. «Entiendo que se ha observado lo que dice la legislación -subrayó- y los principios de la ley sobre el retorno de menores».
No piensan lo mismo la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo que creen que el protocolo vulnera la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que obliga a escuchar a los menores en los asuntos jurídicos y administrativos que les afectan. La ley de extranjería también exige un informe individual del Ministerio Público para cada repatriación, caso por caso.
El Gobierno autonómico admitió este martes que no contaba con ningún documento escrito que informase de forma individual sobre las circunstancias de cada uno de los 45 menores que fueron devueltos por el momento a Marruecos. Aún así, Vivas mantuvo que se respetaron los derechos de los niños migrantes, pese a reconocer que el reglamento de la ley de extranjería «no puede aplicarse en una situación de estas características».
Las devoluciones, en todo caso, se mantendrán paralizadas mientras un fallo judicial no aclare el proceso. Cumplido el plazo de 72 horas dado a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía para remitir toda la información sobre las presuntas expulsiones irregulares, el instructor debe decidir ahora si levanta la suspensión que acordó el lunes.
Desde el Ejecutivo ceutí se insistió en que la intención es «cumplir la ley» y «acatar cualquier decisión judicial». «Si la justicia dice que los retornos no se están haciendo de la manera adecuada, tendremos que ver qué solución adoptar», zanjó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.