El Gobierno recorta a las eléctricas 2.600 M€ para rebajar la factura un 30% este invierno

El Gobierno ha elegido el camino de recortar una parte de los beneficios obtenidos por las eléctricas que producen luz en pantanos y centrales nucleares para amortiguar la subida de precios que la luz viene registrando todo el verano. Lo ha hecho con un plan de choque materializado en el decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros con el que espera que los clientes de tarifa regulada paguen este año 600 euros en su recibo, un coste similar al de 2018.

Ese recorte será «temporal», ha recordado el Ejecutivo, y alcanzará los 2.600 millones de euros hasta marzo. Se une a otra medida similar aprobada en junio, para minimizar los ingresos percibidos por el CO2 también en nucleares e hidroeléctricas.

Si se cumplen las expectativas «realistas», según apuntan en el Ministerio de Transición Ecológica, el paquete reducirá a la mitad la parte fija del recibo (peajes y cargos) y minimizará los impuestos del recibo (IVA y eléctrico), con lo que intenta conseguir una rebaja del 30% en la factura final en el último tramo del año, según anticipó este martes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El plan de choque llegó a Moncloa con el enésimo récord de la luz: casi 173 euros/MWh para este miércoles.

La gran medida puesta en marcha actuará sobre «los ingresos extraordinarios» que está provocando la elevada cotización del gas en las centrales donde se utiliza esta materia prima, los ciclos combinados. El recorte afectará a las plantas que no utilizan gas, pero que indirectamente se benefician del precio final que marcan esos ciclos y que ha llevado al mercado a superar ampliamente 150 euros/MWh. La fórmula fija un precio mínimo de 20 euros/Mwh, el coste del gas en los últimos años, más unos ajustes. Será, como poco, la cuantía que perciban. Todo lo que ingresen ‘de más’, según cálculos de la CNMC, lo devolverán.

Como todo apuntaba, el Gobierno utilizará 900 millones de las subastas de CO2 para reducir una parte de los cargos del recibo.

Se elimina el Impuesto de Electricidad que grava un 5,1%. Quedará reducido al 0,5%, mínimo legal exigido por la UE. El Gobierno tendrá que compensar a las comunidades por esta merma de ingresos. Y seguirá en vigor hasta final de año la rebaja del IVA del 21% al 10%, aprobada en junio, así como la suspensión del Impuesto de generación que pagan las eléctricas (el 7%).

El plan incluye una medida inesperada a tenor de cómo se está comportando el precio del gas: se limitarán las subidas del recibo de quienes tengan contratada la tarifa regulada gasista (TUR) al 4,4%. Si no lo hicieran, podría subir hasta un 40%. Sin embargo, la medida esconde un ‘pero’: las compañías repercutirán en el futuro, a partir de la primavera, lo que ahora no cobren por esta limitación legal.

También se pone en marcha el ‘suministro mínimo vital’, una medida encaminada a evitar los cortes de luz por impago en los hogares más vulnerables. Con este consumo mínimo (lo define en una potencia de 3,5 kw), la prohibición de los cortes se amplía a 10 meses vista: los cuatro meses establecidos hasta ahora más otros seis meses adicionales incluidos en el decreto.

Por último, para aumentar la liquidez de los mercados a plazo, se convocarán subastas de contratos de compra de energía. Los grupos dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, o grandes consumidores, podrán adquirirla al menos por un año.